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Resumen de la operación (Deal snapshot)

Nutrex Paraguay S.R.L. completó la adquisición del 100% de las acciones de CAHPSA, empresa líder en Paraguay en los sectores de alimentos y productos de higiene del hogar, perteneciente a Continental Grain Company y Continental Capital Limited. La transacción representó la salida ordenada de Continental Grain del mercado paraguayo tras más de cuatro décadas de operaciones y posicionó a Nutrex como una plataforma industrial y de bienes de consumo plenamente integrada en el país.

Racional estratégico

La adquisición permitió a Nutrex consolidar una planta industrial estratégica ubicada en Capiatá, junto con un portafolio de marcas locales de amplia trayectoria y reconocimiento. Con posterioridad al cierre, el comprador anunció un programa relevante de inversiones de capital orientado a la eficiencia operativa, la sostenibilidad y el cumplimiento de estándares ESG, reforzando el valor estratégico de largo plazo de la operación.

Estructura de la transacción

La operación se estructuró como una compraventa de acciones (share purchase), mediante la cual Nutrex adquirió el 100% de las acciones emitidas y en circulación de CAHPSA.

El share deal fue precedido por una operación de adquisición de activos (asset deal) realizada en 2024, a través de la cual Nutrex adquirió una planta de procesamiento de granos y determinados activos industriales de ContiParaguay. Esta estructura escalonada facilitó la continuidad operativa y mitigó riesgos de transición antes del cambio total de control.

Consideraciones regulatorias y de competencia

Atendiendo a la posición de CAHPSA en determinadas categorías de alimentos y productos de higiene del hogar, se brindó asesoramiento en materia de derecho de la competencia a fin de evaluar la necesidad de una notificación obligatoria ante la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM). El análisis incluyó la revisión de los umbrales legales de facturación, los posibles efectos horizontales y verticales de la operación y consideraciones relativas a la continuidad del suministro.

Enfoque del due diligence

El comprador llevó adelante un proceso integral de due diligence legal, fiscal y regulatorio, que abarcó aspectos corporativos, contractuales, laborales, ambientales, tributarios y de propiedad intelectual.

Los principales focos de análisis incluyeron la titularidad y validez de marcas, contingencias fiscales, cláusulas de cambio de control en contratos relevantes, títulos y gravámenes sobre activos industriales, así como el cumplimiento ambiental de la planta de Capiatá.

Documentación de la transacción

Los documentos principales de la operación incluyeron:

• Contrato de Compraventa de Acciones (SPA) para la adquisición del 100% del capital social de CAHPSA;
• Mecanismos de escrow y fideicomisos destinados a asegurar las obligaciones de indemnidad; y
• Contratos de cesión y licenciamiento de marcas, orientados a garantizar la continuidad del negocio durante el período de transición.

El SPA contempló cláusulas habituales de representaciones y garantías, regímenes de indemnización (cap, basket, de minimis y plazos de vigencia), covenants interinos y post‑cierre, así como condiciones precedentes estándar.

Firma y cierre

La operación fue firmada en el primer trimestre de 2025 y cerrada entre febrero y marzo del mismo año, una vez cumplidas las condiciones precedentes acordadas. Las tareas de comunicación e integración post‑cierre se desarrollaron durante el segundo trimestre de 2025.

Integración post‑cierre y ESG

Luego del cierre, Nutrex anunció un programa de inversiones por aproximadamente USD 7,4 millones, destinado a la modernización de la infraestructura industrial y a la mejora del desempeño ambiental. Entre las principales iniciativas se destacan la implementación de sistemas de tratamiento de efluentes, calderas energéticamente eficientes y la modernización de líneas de producción de jabonería.

Asimismo, se implementó un plan de integración de 100 días, apoyado en indicadores clave de desempeño vinculados a eficiencia operativa, seguridad, calidad y cumplimiento ambiental.

Creación de valor y factores de riesgo

Se espera que la transacción genere valor a través de sinergias operativas y logísticas, la consolidación de un portafolio sólido de marcas locales y la ejecución de inversiones de capital con enfoque ESG, reduciendo riesgos regulatorios y operativos.

Los principales riesgos identificados se relacionan con la ejecución industrial durante la fase de ramp‑up, la presión competitiva en categorías clave y el monitoreo continuo de los umbrales de la normativa de competencia.

Rol del asesor legal

Vouga Abogados actuó como asesor legal del vendedor, brindando asistencia en todas las etapas de la transacción, incluyendo la estructuración y negociación del SPA y los contratos accesorios, el diseño de mecanismos de escrow y fideicomisos, la coordinación de cesiones y licencias de marcas, la supervisión del due diligence y la gestión de los procesos de firma y cierre en un contexto de operación transfronteriza.

Relevancia del caso: La operación pone de relieve el creciente grado de sofisticación de las transacciones de M&A en Paraguay y la utilización de estructuras de adquisición escalonadas alineadas con las mejores prácticas internacionales.

1. Contexto del cliente y objetivo de la operación

Asesoramos a una empresa líder en la distribución de bienes tecnológicos, con una posición consolidada en el mercado y un crecimiento sostenido de sus operaciones, en un proceso estratégico de reorganización societaria integral orientado a optimizar su estructura operativa y fortalecer su modelo de gobierno.

El objetivo central de la operación fue simplificar la estructura societaria, concentrar activos y pasivos en una sola sociedad, mejorar la eficiencia interna y reforzar su posicionamiento competitivo, todo ello garantizando plena seguridad jurídica y continuidad operativa.

2. Rol del Estudio y alcance del asesoramiento

Nuestro equipo Societario actuó como asesor legal integral de la operación, acompañando al cliente de manera cercana y estratégica a lo largo de todo el proceso, desde la fase de estructuración hasta la formalización definitiva de la fusión.

El alcance de nuestro asesoramiento incluyó:

• Estructuración jurídica de la transacción, evaluando distintas alternativas de reorganización y definiendo la fusión por absorción como el mecanismo más eficiente desde el punto de vista societario, operativo y de gobierno corporativo.
• Diseño del esquema de fusión, asegurando la correcta sucesión universal de activos, pasivos, contratos y relaciones jurídicas de la entidad absorbida por parte de la sociedad absorbente.
• Redacción del compromiso de fusión, contemplando de manera precisa los términos y condiciones de la operación y alineándolos con los objetivos estratégicos del cliente.
• Elaboración de la escritura definitiva de fusión, incluyendo todos los aspectos societarios, patrimoniales y de reorganización interna derivados de la operación.
• Redacción, revisión y negociación de la documentación complementaria, tales como actas de órganos sociales, modificaciones estatutarias y demás instrumentos necesarios para la ejecución de la fusión.
• Asistencia integral en la preparación, presentación y seguimiento de los trámites de formalización ante los registros y autoridades competentes, asegurando el cierre efectivo y plenamente oponible de la operación.

Nuestra intervención se caracterizó por una coordinación constante con el management del cliente, así como con sus asesores financieros y contables, garantizando una ejecución eficiente y sin disrupciones para el negocio.

3. Principales desafíos jurídicos y técnicos

La operación presentó desafíos relevantes desde el punto de vista legal y práctico, que fueron abordados de manera integral:

• Continuidad operativa y contractual: se estructuró la fusión de modo tal que la sociedad resultante continuara sin interrupciones las relaciones contractuales con clientes, proveedores estratégicos y socios comerciales.
• Gobierno corporativo: se revisó y adecuó la estructura de administración y fiscalización de la entidad absorbente, alineándola con mejores prácticas de gobierno corporativo y con la nueva escala del negocio.
• Gestión de riesgos legales: se identificaron potenciales contingencias societarias y contractuales, adoptando medidas preventivas para su mitigación antes del cierre de la operación.
• Eficiencia registral y formal: se diseñó una hoja de ruta clara para el cumplimiento de todos los requisitos formales ante las autoridades competentes, anticipando eventuales observaciones y evitando demoras innecesarias.

El proceso requirió un alto grado de precisión técnica, así como una comprensión profunda del negocio del cliente y de las implicancias prácticas de la reorganización.

4. Resultado de la operación e impacto en el negocio

La fusión fue ejecutada exitosamente, cumpliendo con todos los requisitos legales y regulatorios aplicables y dentro de los plazos previstos.

Como resultado, el cliente logró:

• Consolidar sus operaciones en una única entidad jurídica, simplificando de manera sustancial su estructura societaria.
• Incrementar su eficiencia operativa, eliminando duplicidades administrativas y mejorando la coordinación interna.
• Fortalecer su marco de gobierno corporativo, con estructuras de decisión más claras y ágiles.
• Mejorar su posicionamiento competitivo en el mercado, operando bajo una estructura más robusta y eficiente.
• Reducir riesgos legales y operativos, asociados a estructuras societarias fragmentadas.

Actuamos como un verdadero socio estratégico del cliente, aportando no solo la ejecución legal de la operación, sino también criterio, anticipación de riesgos y soluciones jurídicas alineadas con los objetivos del negocio.

La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) presentó oficialmente el plan piloto «Pya’e Porã», un sistema de tramitación acelerada diseñado para el registro de marcas vinculadas a productos de consumo masivo, específicamente en los rubros de cosméticos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos, alimentos y bebidas (correspondientes a las clases 3, 5, 10, 29, 30 y 32).

El objetivo central de esta iniciativa es optimizar los tiempos de gestión, reduciendo el plazo de concesión de una marca a un periodo de 90 a 120 días, sin que esto implique una modificación en los criterios técnicos o jurídicos de registrabilidad. Este plan estará vigente desde el 31 de marzo hasta el 31 de octubre de 2026.

Para acceder a este beneficio, las solicitudes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

1. Contar con poder inscripto ante la DINAPI.
2. Abarcar todos los productos de las clases 3, 5, 10, 29, 30 y 32.
3. Tratarse de marcas denominativas.
4. Publicarse exclusivamente a través de la plataforma REDPI.

La solicitud perderá su condición de vía acelerada —derivándose al procedimiento ordinario sin perjuicio para el solicitante— en los siguientes casos:

1. No contar con poder registrado al momento de la presentación.
2. No haber publicado en el tiempo establecido (2 días hábiles desde el envío de la orden de publicación).
3. Si se presentan oposiciones en contra de la solicitud.
4. Si se formula alguna observación o vista.
5. Si cuenta con antecedentes y/o prohibiciones no compatibles con el plan.

Esta iniciativa representa un avance significativo para empresas y emprendedores de sectores regulados. La posibilidad de obtener el registro de una marca en rubros tan sensibles en tan solo un trimestre aporta una ventaja competitiva.

Puede acceder al texto íntegro del Plan Piloto a través del siguiente enlace.

Para obtener más información sobre cómo aplicar a este plan, no dude en contactar a nuestro equipo de Propiedad Intelectual: Laura Lezcano (llezcano@vouga.com.py); Grecia Florentín (gflorentin@vouga.com.py); Stephanie Medina (smedina@vouga.com.py) 

In many companies that sell goods or provide services on credit, the documentation of transactions is often seen as a purely administrative matter. From a legal standpoint, however, the way a commercial transaction is documented can make the difference between quickly recovering a credit and facing a long and uncertain dispute.

In professional practice, it is common to encounter situations in which a company has delivered products or provided services, has issued the corresponding invoice, and, faced with non-payment, finds it difficult to claim the amount owed in court.

In many cases, the problem does not lie in the existence of the debt, but in how the transaction was documented.

1. The credit invoice as a collection instrument

Under Paraguayan law, the so-called conformed credit invoice (factura crédito conformada) is an instrument of credit content representing goods delivered or services provided that have not yet been paid for, provided that the document has been accepted by the buyer.

The regulation of this instrument was strengthened with the enactment of Law No. 6542/2020, which established a specific regulatory framework for the bill-of-exchange invoice and the conformed credit invoice, defining the requirements it must meet to be considered a negotiable instrument.

When those conditions are met, the invoice may constitute an enforceable instrument, which makes it possible to directly initiate an executory action to collect the debt, as provided in Article 448 of the Paraguayan Civil Procedure Code.

This judicial route is considerably faster than an ordinary proceeding, since it starts from the presumption that the credit documented in the instrument exists.

2. A common mistake in commercial practice

One of the most common mistakes in business practice is allowing invoices to be signed by persons who lack the legal authority to bind the buyer—a practice that often arises from the operational dynamics of many businesses.

This frequently occurs when the person signing for receipt of the invoice is an administrative employee, a warehouse supervisor, a security guard, or any other person who apparently acts on behalf of the client.

From an operational standpoint, this may seem reasonable. From a legal standpoint, however, it represents a significant risk.

When the invoice is not signed by the debtor itself, its legal representative, or a duly authorized person, the document may lose its force as an enforceable instrument. In that scenario, the creditor might be forced to initiate an ordinary proceeding to prove the existence of the debt, which entails a longer dispute, higher costs, and greater evidentiary difficulties.

3. Documenting well today to avoid problems tomorrow

Experience shows that a large share of disputes related to the collection of commercial credits arises not from the non-existence of the debt, but from deficiencies in the documentation of the transactions.

From a commercial litigation standpoint, it is common to observe that many companies have documentation evidencing the delivery of goods or services, but that does not meet the requirements necessary for direct enforcement.

In those cases, the creditor may still attempt to claim the credit, but will have to do so through an ordinary proceeding, in which it must prove the existence of the commercial relationship, the actual delivery of the goods or services, and the corresponding payment obligation.

This entails longer proceedings, greater evidentiary activity, and higher costs.

For this reason, it is essential that companies adopt certain basic precautions when documenting their commercial transactions.

4. When the invoice does not allow for an executory action

When invoices do not meet the requirements necessary to constitute an enforceable instrument—for example, when they are signed by persons without sufficient authority or contain formal defects—the creditor may be forced to initiate an ordinary action for acknowledgment of the credit.

In this type of proceeding, the procedural situation changes significantly. Unlike the executory proceeding, where the document presumes the existence of the debt, in the ordinary proceeding the creditor must fully demonstrate the commercial relationship that gave rise to the credit.

This means proving the existence of the contractual relationship, the actual delivery of the goods or services, the client’s receipt thereof, and the corresponding payment obligation. To this end, it is often necessary to resort to much broader evidentiary activity, including calling witnesses who took part in the commercial transactions or in the delivery of the goods, as well as producing accounting expert reports to verify that the invoices were recorded in the parties’ books and that the credit claimed corresponds to the commercial dealings between the companies.

In many cases, moreover, the litigation develops on the basis of the legal appearance created during the commercial relationship, requiring proof that the person who signed the invoices acted on behalf of the client, or that the debtor’s own conduct created a situation of reasonable trust on the creditor’s part.

All of this entails a longer, more costly proceeding with a greater evidentiary burden.

5. The qualified electronic signature as a tool to strengthen commercial documentation

One alternative that could gain relevance in the future, once all the regulations necessary for its full operability are issued, is the use of the qualified electronic signature in these types of documents.

This type of signature, which must be issued by authorized trust service providers, makes it possible to securely identify the signatory, guarantee the integrity of the document, and reduce the risks of a later disavowal of the signature.

From a legal standpoint, the qualified electronic signature is designed to have functional equivalence to a handwritten signature, which opens the possibility of documenting commercial transactions and credit acceptances by electronic means with higher standards of security and traceability.

In mass commercial transactions—such as the delivery of goods or the issuance of credit invoices—the eventual implementation of systems based on qualified electronic signatures could help reduce the risks arising from signatures by persons without sufficient authority, strengthening the identification of the signatory, the traceability of the act, and the evidentiary value of the documents.

By way of example, in ongoing commercial relationships between companies, a scheme could be structured whereby the invoices corresponding to deliveries made during a given period are sent electronically to the client and accepted by qualified electronic signature by the legal representative or by a person expressly authorized to bind the company, who—thanks to the convenience of the electronic signature—may sign the document from anywhere. In this way, acceptance of the document would be clearly linked to the person with the legal capacity to assume the obligation, significantly reducing evidentiary risks in the event of a future court claim.

In a context of increasing digitalization of commercial transactions, these technological tools could, once fully operational, become a relevant alternative for strengthening the legal certainty of transactions and improving the quality of the documentation supporting potential credit claims.

6. Some practical recommendations

For companies that operate with credit sales, certain basic precautions can significantly strengthen their legal position in the event of default:

1. verify that invoices are signed by the buyer or by a person with sufficient authority to bind it;

2. keep records or authorizations of the persons entitled to sign on behalf of the client;

3. properly document the payment terms and due dates;

4. keep the supporting documentation for each commercial transaction in order.

In many commercial transactions, it is also advisable to clearly establish the applicable default and interest conditions, so that, in the event of default, the obligation is enforceable without further discussion and it is easier to determine the amounts owed.

Likewise, in business practice it is often advisable to have master agreements with clients, governing the general terms of the commercial transactions, payment periods, interest rates, and the persons authorized to sign on behalf of the client.

Nevertheless, it is important to bear in mind that the invoice must always retain its autonomy as to its content and wording, so as to maintain its status as an enforceable instrument. The master agreement may complement the commercial relationship, but the invoice must by itself meet the requirements demanded by law for its enforcement.

7. The value of preventive advice

The proper review and structuring of commercial documentation is a form of preventive management of legal risk.

Having legal advice at this stage makes it possible to detect weaknesses in the documentation used by the company and to adopt measures that strengthen the creditor’s legal position in the event of default.

Ultimately, proper instrumentation of commercial transactions not only facilitates day-to-day administrative management, but can also prove decisive when it comes to recovering a credit through the courts.

In matters of commercial credit, the difference between an executory proceeding and an ordinary one often lies not in the existence of the debt, but in how the transaction was documented from the outset.

El Instituto de Previsión Social (“IPS”) autorizó la realización de inscripciones de oficio de empleadores y trabajadores, así como la determinación de aportes y emisión de planillas complementarias, en el marco de actuaciones derivadas de las inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (“MTESS”).

Por medio de la Resolución C.A. N° 016-006/2026, de fecha 10 de marzo de 2026 (la “Resolución”), el IPS establece un mecanismo que permite avanzar en la regularización previsional a partir de antecedentes remitidos por el MTESS, considerados válidos y suficientes, sin requerir necesariamente una gestión previa por parte del empleador, fortaleciendo la articulación entre ambas instituciones.

Se destacan los siguientes puntos:

1. Alcance de la medida.

La Resolución autoriza al IPS a realizar inscripciones de oficio de empleadores y trabajadores que no se encuentren registrados en la previsional, así como a determinar aportes omitidos y emitir planillas complementarias.

Estas actuaciones podrán llevarse a cabo sobre la base de informes y antecedentes generados en el marco de las fiscalizaciones realizadas por el MTESS.

2. Supuestos de aplicación.

La medida resulta aplicable en casos en que el MTESS detecte situaciones tales como falta de inscripción en el IPS, omisión de aportes o inconsistencias entre la información declarada y la realidad laboral.

En estos supuestos, el IPS podrá iniciar procesos, sin necesidad de una gestión previa por parte del empleador, incluso respecto a periodos anteriores.

3. Remisión de antecedentes por el MTESS.

El MTESS deberá remitir al IPS los antecedentes derivados de sus actuaciones inspectivas dentro de un plazo de 5 días hábiles desde la emisión del informe técnico correspondiente.

4. Determinación de aportes y regularización.

Las actuaciones del IPS se iniciarán a partir de la recepción de antecedentes remitidos por el MTESS.

En este marco, el IPS emitirá la resolución correspondiente dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles desde la recepción formal de los antecedentes, mediante la cual podrá determinar la situación previsional del empleador sobre la base de los antecedentes remitidos.

En particular, el IPS podrá: (i) disponer la inscripción de oficio del empleador y/o de los trabajadores no registrados; (ii) determinar la existencia de aportes omitidos o insuficientemente ingresados; y (iii) fijar las diferencias correspondientes por los periodos observados, lo que podrá dar lugar a la emisión de planillas complementarias y a la exigibilidad de las obligaciones previsionales resultantes.

5. Vigencia.

La Resolución entrará en vigencia el 1 de abril de 2026.

6. Implicancias prácticas

La implementación de este mecanismo refuerza los controles en materia laboral y previsional, incrementando la exposición de los empleadores a procesos de regularización derivados de inspecciones del MTESS.

En este contexto, resulta clave que las empresas aseguren el correcto registro de sus trabajadores y la consistencia entre la información laboral y previsional declarada, a fin de mitigar contingencias.

This content is for general informational purposes only and should not be considered as specific legal advice. If you require specific legal counsel, please do not hesitate to contact us.

Nos encontramos en una época del año en la que la mayoría de las sociedades celebran sus asambleas ordinarias y cumplen con sus obligaciones anuales. Aunque a menudo estos actos se perciben como un mero trámite, las asambleas constituyen una herramienta clave para documentar la evolución y las decisiones de la sociedad.

1. La relevancia de las asambleas en la vida societaria

Cada asamblea es una oportunidad para dejar constancia clara y ordenada de la situación de la sociedad, de las decisiones adoptadas por los accionistas y de los cambios en su estructura o funcionamiento. Una asamblea correctamente celebrada y debidamente documentada no solo cumple una función legal, sino que aporta trazabilidad y seguridad jurídica a futuro.

2. Convocatoria, plazos y lugar de celebración: formalidades que sostienen la validez

El respeto de los plazos de convocatoria, del lugar de celebración —que debe ser el domicilio social— y de la publicación de edictos no debe verse como una carga administrativa, sino como una garantía esencial del proceso.

Estas formalidades aseguran el derecho de información de los accionistas y la transparencia en la toma de decisiones, constituyendo la base de validez de lo resuelto en la asamblea.

3. Depósito de acciones: condición para participar y votar

Otro aspecto importante del proceso de realización de las asambleas es el cumplimiento de las reglas relativas al depósito de los títulos de acciones en el domicilio social dentro de los plazos legales. Este requisito no es meramente formal, el accionista que no realiza el depósito en tiempo y forma no puede participar ni votar en la asamblea, quedando excluido del proceso de toma de decisiones, aun cuando estas puedan afectarlo directamente.

4. Quórum y mayorías: reglas que no admiten improvisación

No todas las decisiones societarias pueden adoptarse bajo las mismas reglas.
Existen ciertas materias que requieren resoluciones con quórums y mayorías especiales, e incluso unanimidad, conforme a lo dispuesto por la normativa aplicable.

Por ello, resulta indispensable que:

• se verifique correctamente el quórum al inicio de la asamblea, y
• el acta deje constancia clara de cómo se alcanzaron las mayorías exigidas.

5. Directorio: designación y estructura desde la asamblea

La asamblea es también el órgano encargado de designar a los directores, por lo que su intervención resulta clave en la conformación del órgano de administración.

Al momento de la designación, es importante observar:

• los números mínimos y máximos de directores establecidos por los estatutos y la normativa vigente, y
• la conveniencia de contar con directores suplentes, que permitan asegurar la continuidad operativa y el normal funcionamiento del directorio ante vacancias o impedimentos.

6. La redacción del acta: lo que quedará para el futuro

La vida de una sociedad se construye y se documenta, principalmente, a través de sus actas. Son estos documentos los que permiten reconstruir, con el paso del tiempo, cómo se administró la empresa, qué decisiones se adoptaron y bajo qué contexto.

Un acta bien elaborada debe:

• reflejar adecuadamente las deliberaciones relevantes,
• consignar con claridad las resoluciones adoptadas, y
• dejar constancia de abstenciones o disidencias, cuando corresponda.

Los vacíos o ambigüedades suelen detectarse mucho tiempo después, cuando ya no es posible reconstruir con precisión lo sucedido.

En esta etapa del año, en la que las asambleas forman parte habitual de las actividades sociedades, resulta oportuno repensarlas no solo como una obligación legal, sino como una herramienta estratégica de orden y documentación societaria. Las actas constituyen, en definitiva, el registro escrito de la vida de la sociedad.

En el marco del crecimiento de las campañas digitales en sectores altamente regulados, nuestro equipo asesoró a una plataforma de juegos de azar online en la revisión legal de una acción promocional vinculada a un evento artístico de alcance internacional.

La campaña, difundida a través de canales digitales, ofrecía incentivos promocionales asociados a un concierto de una artista de gran nivel, lo que generó observaciones por parte del organizador del evento y puso de manifiesto posibles riesgos regulatorios y de uso no autorizado de derechos de terceros. Asimismo, se identificó la necesidad de contar con la autorización previa de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (“CONAJZAR”), autoridad encargada de la regulación de los juegos de azar en Paraguay, para este tipo de promociones.

Tras un análisis integral del marco normativo aplicable, se recomendó ajustar la estrategia digital, optando por el retiro inmediato de la campaña o, alternativamente, por su regularización mediante la obtención de las autorizaciones correspondientes. La implementación oportuna de estas medidas permitió evitar sanciones administrativas, reducir riesgos reputacionales y asegurar que la actividad promocional del cliente se alineara con las exigencias legales vigentes.

Este caso refleja la importancia del cumplimiento digital en entornos online, especialmente en industrias reguladas, y demuestra cómo una intervención legal temprana puede proteger la marca, fortalecer la reputación corporativa y garantizar una operación digital sostenible y conforme a derecho.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (“MTESS”) aprobó nuevos lineamientos para la prevención, atención, investigación y respuesta ante situaciones de discriminación, violencia y acoso laboral en el sector privado.

Por medio de la Resolución MTESS N° 195/2026, de fecha 10 de marzo de 2026 (la “Resolución”), el MTESS establece un marco actualizado para el abordaje de estas situaciones en el ámbito laboral y deja sin efecto la Resolución MTESS N° 388/2019, incorporando un enfoque más preventivo y estructurado.

Entre los principales aspectos se destacan los siguientes:

1. Aplicación general

La Resolución aplica a todos los empleadores del sector privado, cualquiera sea el tamaño de la empresa o la modalidad contractual de los trabajadores.

Adicionalmente, la Resolución incorpora definiciones de discriminación laboral, violencia y acoso en el trabajo y acoso sexual, y establece principios que deben regir las investigaciones internas, tales como confidencialidad, no discriminación, imparcialidad y no revictimización de las personas involucradas.

2. Protocolo obligatorio para empresas con más de 10 trabajadores

Las empresas con más de 10 trabajadores deberán elaborar, adoptar e implementar un Protocolo de Prevención, Atención e Investigación de situaciones de discriminación, violencia y acoso laboral.

Cuando exista Reglamento Interno de Trabajo, el protocolo deberá incorporarse a este instrumento.

3. Empresas con hasta 10 trabajadores

Los empleadores con 10 o menos trabajadores no están obligados a elaborar un protocolo formal, pero deberán contar con una Declaración de Tolerancia Cero frente a la discriminación, violencia y acoso laboral, la cual deberá constar por escrito, difundirse entre el personal, adjuntarse a los contratos de trabajo y exhibirse en un lugar visible del establecimiento.

4. Contenido mínimo del protocolo

El protocolo deberá contemplar, entre otros aspectos:

• Una política de tolerancia cero frente a la discriminación, violencia y acoso laboral;
• Procesos de sensibilización y capacitación periódicos dirigidos a los trabajadores, y;
• Canales de comunicación claros y accesibles para informar sobre las conductas prohibidas y los mecanismos de denuncia.
• Procedimientos internos para la investigación de denuncias y adopción de medidas de resguardo.

5. Presentación de denuncias

• Las denuncias podrán presentarse ante la empresa mediante los canales internos establecidos, o directamente ante el MTESS.
• Si la denuncia se presenta ante el MTESS contra otro trabajador, el MTESS notificará a la empresa para que inicie la investigación interna y adopte medidas de resguardo.
• Cuando la denuncia se dirija contra el empleador o sus representantes, la investigación será realizada directamente por el MTESS.

6. Investigación y plazos

La Resolución establece plazos para la tramitación de los casos:

• La empresa deberá iniciar la investigación dentro de los 3 días hábiles de recibida la denuncia.
• La investigación interna deberá concluir dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles.
• Cuando la investigación sea realizada directamente por el MTESS, en caso de denuncias contra el empleador o sus representantes, el plazo máximo será de 45 días hábiles.

Durante la investigación, el empleador deberá adoptar medidas de resguardo inmediatas, tales como la separación física de las partes, cambios de turno u otras medidas destinadas a proteger a las personas involucradas mientras se desarrolla el proceso.

7. Fiscalización y sanciones

El MTESS podrá fiscalizar el cumplimiento de estas obligaciones y aplicar multas conforme al artículo 385 del Código del Trabajo.

Asimismo, la empresa podrá aplicar sanciones disciplinarias cuando la investigación interna confirme hechos de discriminación, violencia o acoso laboral.

8. Plazo de adecuación y vigencia

Las empresas contarán con un plazo de 6 meses para adecuar sus instrumentos internos conforme a estos lineamientos. La Resolución entrará en vigencia el 1 de julio de 2026.

Finalmente, la Resolución incluye como Anexo II un modelo orientativo de protocolo y, como Anexo III un modelo orientativo de declaración de tolerancia cero, que podrán ser utilizados por los empleadores como referencia.

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Buena fe, cumplimiento normativo y gestión responsable del empleador
Asesoría legal a empresa del sector hotelero

En el marco de nuestra práctica en Derecho Laboral Empresarial, ejercimos la representación convencional de una empresa del sector hotelero, brindando asesoramiento legal orientado a garantizar el cumplimiento efectivo del régimen de protección a la maternidad, conforme al principio de buena fe que rige las relaciones laborales.

El caso se desarrolló en un contexto de estabilidad laboral reforzada por embarazo, lo que exigió una actuación especialmente cuidadosa, responsable y debidamente documentada, tanto en el plano preventivo como procesal.

Contexto del caso

Nuestra representada fue demandada en un juicio de nulidad de despido de mujer embarazada, en el cual la trabajadora alegó haber sido despedida verbalmente, solicitando judicialmente su reintegro inmediato y el pago de salarios caídos.

Desde el inicio, el eje de la defensa se centró en acreditar los hechos tal como ocurrieron, demostrando que no existió despido alguno, y que la empresa había actuado en todo momento conforme a la legislación laboral vigente, respetando el régimen de protección a la maternidad y el principio de buena fe.

I. Análisis del caso y estrategia procesal preventiva

Con carácter previo a la promoción de la demanda, la trabajadora se ausentó de su puesto de trabajo sin justificación suficiente. Ante dicha situación, y como expresión del deber de colaboración y diálogo que rige la relación laboral, recomendamos a la empresa intimar formalmente a la trabajadora mediante actas notariales, a fin de que justificara sus ausencias y se reintegrara a sus labores.

Estas intimaciones no tuvieron respuesta.

Paralelamente, la trabajadora promovió acción judicial solicitando como medida cautelar su reposición inmediata, afirmando haber sido despedida verbalmente.

El análisis objetivo de los hechos, respaldado por la documentación preventiva generada por la empresa, permitió acreditar lo siguiente:

• Inexistencia de despido: se probó que la trabajadora había solicitado permiso para estudios médicos, pero no se reintegró a su puesto de trabajo en la fecha acordada.
• Buena fe patronal debidamente acreditada: antes de recibir la demanda, la empresa intimó formalmente a la trabajadora para que justificara sus ausencias y retomara sus funciones, en cumplimiento de la normativa laboral paraguaya.
• Inconsistencias objetivas entre lo alegado y la prueba presentada por la actora: la documentación aportada por la propia trabajadora coincidía con las fechas del permiso otorgado, lo que reforzó la posición defensiva de la empresa, respaldada además por actas notariales.

II. Medida cautelar de reintegro y actuación de la empresa

No obstante lo anterior, el Juzgado interviniente otorgó una medida cautelar de reintegro a favor de la trabajadora.

Lejos de cuestionar su cumplimiento, nuestra recomendación fue dar cumplimiento inmediato y efectivo a la orden judicial, reforzando la conducta de buena fe de la empresa y su respeto al régimen de protección aplicable.

En consecuencia, se llevó a cabo una Constitución Judicial en el local de la empresa hotelera, con el objetivo de formalizar el reintegro ordenado.

Durante dicha diligencia se verificó que:

• La representación de la empresa ratificó su plena disposición al reintegro inmediato de la trabajadora.
• La trabajadora no compareció ni justificó su incomparecencia, lo que imposibilitó la materialización del reintegro dispuesto judicialmente.

Este hecho resultó determinante para la correcta valoración del caso y para dejar constancia del comportamiento diligente y respetuoso del empleador.

Conclusion

Este caso demuestra que una defensa técnica sólida, basada en:

• el principio de buena fe,
• la documentación preventiva adecuada (contratos, recibos, actas notariales),
• y el respeto estricto del régimen de protección a la maternidad, el Código del Trabajo y el Código Procesal Laboral,

permite gestionar adecuadamente conflictos laborales sensibles, evitando contingencias legales, económicas y reputacionales innecesarias.

Aunque el proceso no requirió llegar a una sentencia condenatoria para ser considerado un éxito, la actuación responsable del empleador y la asesoría legal preventiva brindada dejaron constancia del valor estratégico de una gestión laboral cuidadosa, documentada y alineada con el marco normativo vigente y con los estándares de protección a la maternidad.

Consultas y asesoramientos:

Perla Alderete: palderete@vouga.com.py

Antonella Llamas: allamas@vouga.com.py

Marcela Dos Santos: madosantos@vouga.com.py

Andrea Belén Oviedo: aoviedo@vouga.com.py

Through Resolution 47/2026, the Ministry of Environment and Sustainable Development (“Mades”) established the creation of the National Registry of Mitigation Projects (the “Registry”), introducing a mandatory registration requirement for projects that intend to generate or have generated carbon credits in Paraguay.

This Registry constitutes a provisional record that would enable Mades to collect, organize, and validate information regarding mitigation projects. Resolution 47/2026 further provides that registration in this Registry would allow for subsequent registration in the National Carbon Credit Registry established under Law 7190/2023 on Carbon Credits.

Key points to consider include:

(i) Projects already submitted to a standard administrator must be registered by March 15;

(ii) Future projects must register before initiating the certification process with the relevant standard administrator;

(iii) The official registration fee amounts to 150 minimum daily wages (≈USD 2.6k);

(iv) Any fundamental modification to a project must also be reported;

(v) Failure to comply with the indicated deadlines may result in the initiation of administrative proceedings against the infringing party, potentially leading to warnings, disqualification, or fines.

Mades considers that the creation of the National Registry of Mitigation Projects represents a step forward toward the awaited implementation of Law on Carbon Credits.

The full text of the resolution is available at the following link.

For more information, please contact our experts: Rodolfo Vougargvouga@vouga.com.py); Rodrigo Fernández de Nestosa (rfernandez@vouga.com.py); Andrés Norberto Vera (avera@vouga.com.py); Cecilia Vera (cvera@vouga.com.py)