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A través del Decreto 1989 de fecha 27 de junio de 2024 (el “Decreto”), el Ejecutivo resolvió:

1. La actualización de las disposiciones regulatorias con la aprobación de un nuevo reglamento para la inscripción en el registro obrero patronal, la presentación de documentos y libros de tenencia obligatoria, las comunicaciones, la trasmisión de datos y documentos electrónicos ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (“MTESS”), conforme al anexo que forma parte del Decreto (el “Reglamento”).
2. La derogación de los Decretos 8304/17 y 9368/18 que regulaban los procesos indicados en el punto anterior.
3. Los puntos más importantes del Reglamento son:

1. Registro Obrero Patronal (“REOP”)
   • Inscripción patronal: Todos los empleadores del Paraguay deben inscribirse en la Dirección de REOP del MTESS al inicio de sus actividades como empleador, considerando la fecha de inscripción en el seguro social. El MTESS otorgará un digito identificador denominado número patronal. El MTESS y el IPS podrán trabajar conjuntamente para simplificar procesos para los empleadores domésticos.
   • Sucursales: Deben inscribir además las sucursales que habiliten en Paraguay, al inicio de la relación laboral o apertura de la sucursal en el Registro Único del Contribuyente (RUC): (i) En el caso de que la sucursal tenga una actividad económica diferente a las inscriptas, se tendrá en cuenta como inicio de la relación laboral la inscripción en el seguro social; y (ii) en el caso de que la sucursal tenga una actividad económica igual a las inscriptas, se tendrá en cuenta como inicio de la relación laboral la apertura en el RUC.
   • Medios: Las inscripciones en el REOP se realizarán por los siguientes medios, llenando los formularios y los documentos requeridos por las autoridades: (i) Plataforma web del MTESS; (ii) Plataforma web Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (“SUACE”) – MIC; Inscripción automatizada a través de la vinculación de los sistemas informáticos entre el MTESS y el Instituto de Previsión Social (“IPS”). No aplica para sucursales no registradas en el IPS.
   • Constancia de inscripción: Las autoridades intervinientes en la inscripción patronal según el medio utilizado emitirán la constancia de inscripción en el REOP conforme a los requisitos y modalidades que establezcan.
   • Plazo para la inscripción: dentro de los 60 días.
   • Multas:
     1. De 61 a 75 días del inicio de la relación laboral = 10 jornales mínimos.
     1. De 76 a 90 días del inicio de la relación laboral = 15 jornales mínimos.
     1. A partir de 91 días desde el inicio de la relación laboral = 20 jornales mínimos.
     1. A las micro y pequeñas empresas debidamente categorizadas por el MIC les será aplicable una multa única de 10 jornales mínimos.

B. Comunicaciones al MTESS

• Movimientos: deben comunicarse:
  • La entrada y salida de los trabajadores.
  • Las licencias y los permisos legales y los convenidos.
  • Las vacaciones.
  • Las sanciones disciplinarias.
  • Las comunicaciones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
  • Liquidación de salarios.
  • Aguinaldo.
  • Bonificación familiar.
  • Ausencias justificadas e injustificadas.
  • Preaviso.
  • Las liquidaciones por terminación del contrato de trabajo.
  • Habilitación de guarderías y salas de lactancia.
• Actualización de datos: los empleadores deberán comunicar al MTESS las actualizaciones de los siguientes datos:
  • Datos de la empresa: Cambio o ampliación de actividades económicas ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (“DNIT”), cambio o sustitución de representante legal, cambio de domicilio.
  • Datos personales del trabajador: Tipo y número de documento de identidad, nombre y apellido, nacionalidad, estado civil, fecha de nacimiento, sexo. Los trabajadores están obligados a suministrar sus datos
  • Datos laborales del trabajador: Cargo o función, profesión, categoría/cargo, salario base, forma de cobro, fecha de entrada en la empresa, lugar de prestación de servicios (casa matriz o sucursal del empleador, domicilio del trabajador, vía pública u otro lugar asignado por el empleador); jornada laboral (diurna, nocturna o mixta); días laborales, horarios, día de descanso, modalidad contractual.
• Declaración jurada: estas comunicaciones tendrán carácter de declaración jurada. Luego de su confirmación expresa, o transcurrido el plazo establecido para modificarla, su contenido no podrá ser modificado. El MTESS reglamentará los documentos que respaldarán las comunicaciones y los datos suministrados.
• Plazo para la comunicación: dentro de los 30 días.
• Multas:
  • Cuando la mora en la comunicación o actualización no supere los 30 días = 1 jornal mínimo.
  • Cuando la mora en la comunicación o actualización sea de 31 a 45 días = 2 jornales mínimos.
  • Cuando la mora en la comunicación o actualización sea de 46 días en adelante = 3 jornales mínimos.
  • A las micro y pequeñas empresas debidamente categorizadas por el MIC les será aplicable una multa única de 1 jornal mínimo.

C. Documentos y libros de tenencia obligatoria

• Libro de Información Laboral (“LIL”): Unifica en un solo documento los libros mensuales de información laboral que se deben llevar en formato digital.
• Contenido del LIL: mínimamente debe contener los siguientes datos de los trabajadores:
  • Nombre y apellido.
  • Domicilio.
  • Número de documento de identidad.
  • Fecha de nacimiento.
  • Estado civil.Profesión.
  • Cargo o función.
  • Nacionalidad.
  • Fecha de inicio y conclusión de la relación laboral.
  • Días y horas trabajadas.
  • Día de descanso semanal.
  • Remuneraciones percibidas y concepto de estas.
  • Horas extraordinarias trabajadas e importe percibido por las mismas.
  • Fechas en que cada uno de los trabajadores tomó sus vacaciones anuales pagadas, la duración y la remuneración correspondientes.
  • Aguinaldo.
• Registro Único de Personal en formato digital (“RUP”) para  las MIPYMES: Las micro y pequeñas empresas, debidamente categorizadas por el MIC, deberán contar el Registro Único de Personal en formato digital (“RUP”) que sustituye al LIL.
• Constitución del LIL y RUP: El LIL y el RUP quedarán constituidos por las comunicaciones realizadas en el REOP por los empleadores en el marco del Reglamento.
• Validez del LIL y RUP: para la validez, el empleador deberá confirmar los datos previamente comunicados, dentro del plazo fijado por el MTESS. Una vez transcurrido dicho plazo, la confirmación se producirá en forma automática.
• Rectificación de datos: El MTESS podrá establecer el procedimiento para que los empleadores puedan rectificar, modificar o ampliar los datos del LIL y RUP en virtud de las comunicaciones establecidas en el Reglamento.
• Estructura y modalidad del LIL y RUP: el MTESS podrá establecer la estructura, configuración, modalidad electrónica del LIL y del RUP dentro de los lineamientos y reglamentos en materia de documentos y comunicaciones electrónicos.

D. Sistema de trasmisión de datos y documentos

• El MTESS contará con una plataforma de comunicaciones digitales para la transmisión de datos y documentos que los empleadores deban remitir, cuyos lineamientos y reglamentos deberán observar las disposiciones legales vigentes en materia de comunicaciones y documentos electrónicos.
• La transmisión de los datos tendrá carácter de declaración jurada.
• Los organismos y entidades del Estado proveerán la información y datos que el MTESS solicite para el cumplimiento de sus fines. Las instituciones que conforman el SUACE compartirán la base de datos relativa a la apertura y cierre de empresas.
• El MTESS y el IPS vincularán sus sistemas informáticos a efectos de automatizar las comunicaciones de entradas y salidas de trabajadores e inscripciones patronales, según corresponda. El registro ante el IPS será considerado también realizado ante el MTESS. Las sucursales que no se encuentren inscriptas en el IPS deberán ser inscriptas directamente ante la Dirección de REOP del MTESS.

E. Regulación de las multas

• El MTESS aplicará y percibirá el importe de las multas previstas en el Reglamento, junto con los intereses que correspondan en caso de mora.
• El MTESS reglamentará el procedimiento de aplicación y la forma de pago de las multas, quedando facultado a fraccionar las multas con el cobro inicial de por lo menos el 20% de lo adeudado y cumplir con los demás términos y condiciones que establezca el MTESS.
• Se excluyen de las sanciones las inscripciones y comunicaciones realizadas de manera automática conforme lo establece el art. 20 del Reglamento.
• Las infracciones que no tengan una sanción específica establecida en el Reglamento se les aplicará lo dispuesto en los artículos 385 y 398 del Código del Trabajo (10 a 30 jornales mínimos).

F. Disposiciones finales y transitorias

• El MTESS determinará las fechas para la entrada en vigor del LIL y el RUP, en formato digital, de forma gradual hasta alcanzar la totalidad de empleadores inscriptos en el REOP.
• Los empleadores que temporalmente no estén alcanzados por la implementación gradual señalada deberán seguir realizando las siguientes comunicaciones a través de la plataforma informática del MTESS:
  • Entrada y salida de trabajadores.
  • Permiso.
  • Vacaciones.
  • Amonestaciones.
  • Ausencias.
  • Apercibimientos.
  • Suspensiones.
  • Preaviso.
  • Accidentes laborales.
  • Riesgos y enfermedades profesionales.
• La comunicación de liquidaciones de salarios prevista en el Reglamento será exigible cuando se implementen los LIL y RUP en formato digital.
• Los empleadores deberán remitir a la Dirección de REOP las planillas laborales del periodo 2024 y de los periodos anteriores que se encuentren pendientes de presentación, en los plazos, orden y modalidad fijados por el MTESS. Las planillas son: (i) Empleados y obreros; (ii) Sueldos y jornales; (iii) Resumen general de personas ocupadas. El formato digital de estas planillas y la plataforma de comunicaciones estarán disponibles en el sitio web institucional, en las cuales se consignarán las informaciones exigidas por el MTESS.
• Los empleadores alcanzados por la vigencia gradual señalada en el Reglamento durante el periodo 2024, ya no estarán obligados a la presentación de las planillas laborales correspondientes a dicho periodo. La presentación de planillas será por cada registro o número patronal otorgado al empleador y tendrá carácter de declaración jurada, por lo que su contenido no podrá modificarse. Los registros sin empleados durante todo un periodo anual no generarán obligación de presentación de las planillas.
• La falta de presentación de las planillas en el plazo, orden y modalidad fijados por el MTESS será sancionada con una multa de 10 a 20 jornales mínimos, conforme con la siguiente escala:
  • Cuando la mora en la presentación no supere los 30 días = 10 jornales mínimos.
  • Cuando la mora en la presentación sea de 31 a 60 días = 15 jornales mínimos.
  • Cuando la mora en la presentación sea de 61 días en adelante = 20 jornales mínimos.
  • A las micro y pequeñas empresas debidamente categorizadas por el MIC les será aplicable una multa única de 10 jornales mínimos.
• Los empleadores, al ser alcanzados por la implementación gradual prevista en el Reglamento deberán efectuar retroactivamente, al 1 de enero de 2024, las comunicaciones y actualizaciones establecidas en el Reglamento a fin de constituir el LIL y RUP según aplique. Ante el incumplimiento de esta obligación, se aplicará una multa de 1 a 3 jornales mínimos.
• El MTESS dispondrá la entrada en vigor de las multas establecidas en el Reglamento.

Este contenido tiene únicamente fines informativos generales y no debe ser considerado como asesoría legal puntual. Si precisa asesoramiento específico no dude en contactarnos.

La Resolución C.A. N° 041-013/2024 del 13 de junio de 2024 (la «Resolución») cuenta con tres anexos, y resuelve:

1. Establecer el uso obligatorio del Anexo II – Ficha Médica Ocupacional Admisional, aprobado por Resolución MTESS 03/2022 y del Anexo III – Formulario de Declaración Jurada del Empleador, a cargo de los empleadores inscritos en el sistema de Seguridad Social.
2. Encomendar a la Secretaria General remitir la Resolución a los ministerios correspondientes para que consideren el reglamento.
3. Encargar a diversas Direcciones del IPS la elaboración de un convenio específico con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) para la aplicación del reglamento, incluyendo ajustes necesarios en los sistemas informáticos de la institución y la aplicación de multas que impactarán en el estado de cuenta y extracto de las empresas que no cumplan con la presentación del formulario en tiempo y forma.
4. Establecer que la Resolución entrará en vigor tras la aprobación por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

Puntos relevantes del Anexo I – “Generalidades Examen Médico Admisional” de la Resolución:

1. Objeto: establecer la forma y plazo de presentación de los exámenes médicos por parte de los empleadores quienes deberán asumir el costo.
2. Plazo de presentación: El empleador tendrá 90 días corridos desde la inscripción del trabajador en el IPS para presentar el certificado médico a través del Sistema REI. Este certificado podrá incluir patologías preexistentes del postulante, especificando si son causadas por enfermedades comunes, accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, y las posibles fechas de inicio de dichas patologías.
3. Costos a cargo del empleador: El costo del certificado médico estará a cargo del empleador.
4. Declaración de tipo de ocupación: Se deberá declarar el tipo de ocupación para la cual el trabajador es contratado, con una indicación específica de las tareas a desarrollar.
5. Declaración jurada y archivo: la información dada por el empleador tendrá carácter de declaración jurada y quedará archivada digitalmente en la base de datos del IPS.
6. Incumplimiento de la presentación del formulario: La omisión o negación en la presentación del «Formulario – Examen Médico Admisional» dentro del plazo de 90 días será considerada una infracción administrativa que será sancionada conforme a la reglamentación respectiva, por cada trabajador afectado, y será aplicada en forma mensual en el extracto de cuenta.
7. Exenciones en la presentación del examen médico admisional:
   • Inactivación temprana del trabajador: Si se registra la inactivación del trabajador dentro de los 90 días corridos desde la fecha de inscripción.
   • Inactivación tardía sin examen médico: Si se registra la inactivación del trabajador pasados los 90 días corridos desde la fecha de inscripción sin haberse realizado el examen médico admisional. En estos casos, se aplicará una multa por cada trabajador hasta la fecha de salida.
   • Las altas y bajas simuladas para eludir la presentación del examen médico serán consideradas como infracción administrativa y serán sancionadas conforme a la reglamentación respectiva.
8. Exámenes médicos: sin perjuicio de las reglamentaciones, el examen médico admisional comprenderá:
   • Examen clínico por profesional médico.
   • Examen de sangre: hemograma completo, eritrosedimentación, perfil lipídico, glicemia, tipificación sanguínea, urea, creatinina, VDRL, RX tórax, electrocardiograma, orina simple. El medico ocupacional podrá solicitar otros exámenes, análisis, estudios, acordes al puesto y riesgos de la actividad laboral.
9. Requerimiento de exámenes médicos – Junta médica: El IPS podrá requerir la presentación del examen médico admisional a los empleadores cuando lo estime necesario y podrá disponer la concurrencia del asegurado para la realización de un Examen Médico Laboral por la Junta Médica – Laboral dependiente de la Dirección de Riesgo Laboral y Subsidios. Esta Junta Médica – Laboral podrá requerir al empleador otros análisis de laboratorio, imágenes y estudios médicos.
10. Simulación del contrato laboral – cancelación de inscripción – reembolsos: En caso de que la Junta Médica – Laboral detecte la incapacidad del trabajador para ejercer el trabajo, la existencia de patologías preexistentes no declaradas por el empleador que generen un grado de discapacidad laboral impidiendo la celebración del contrato, se considerará probada la simulación del contrato. Se remitirá el caso a la Dirección de Aporte Obrero Patronal (“AOP”) para la cancelación de la inscripción del empleado y a la Dirección Jurídica para la promoción de acciones legales pertinentes. En todos estos casos, se reclamará al empleador la devolución del valor de las prestaciones médicas y subsidios por reposos otorgados al trabajador.

Este contenido tiene únicamente fines informativos generales y no debe ser considerado como asesoría legal puntual. Si precisa asesoramiento específico no dude en contactarnos.

Cumplimiento de la Ley 6446/2020: Vencimiento de actualizaciones anuales

El próximo 30 de junio de 2024 vence el plazo para la actualización anual de los “Registros Administrativos de Beneficiarios Finales y Estructuras Jurídicas”, según lo establecido en la Ley 6446/2020 (la Ley).

Sanciones

Las personas y estructuras jurídicas que incumplan las disposiciones de la Ley y sus reglamentos son pasibles de:

Multas directas de entre 50 (cincuenta) a 500 (quinientos) jornales mínimos para actividades diversas no especificadas o hasta el 30% (treinta por ciento) de las utilidades o dividendos a ser distribuidos entre sus accionistas o socios.

La sanción referida aplica también a quien se niegue a proporcionar información o proporcione información errónea, falsa o incompleta sobre el Registro Administrativo de Personas, Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales, que fuera efectivamente corroborada por la autoridad de aplicación.

Los montos que resulten de la aplicación y percepción de las multas serán destinados exclusivamente a programas de prevención y mitigación de riesgos del lavado de activos, la formalización del sistema financiero, económico y tributario, así como al fortalecimiento del Sistema Integrado de Control de Personas y Estructuras Jurídicas, y Beneficiarios Finales y de las instituciones vinculadas a tales actividades.

Conservación de Documentación

Es imperativo que todas las personas y estructuras jurídicas conserven, por un plazo de 5 (cinco) años, todos los documentos, archivos y correspondencia que acrediten o identifiquen adecuadamente a los beneficiarios finales, así como toda la documentación que respalda la información requerida por la autoridad de aplicación. Este requisito es independiente de las declaraciones juradas e informes elevados y es esencial para evitar las sanciones previstas en la Ley.

Impedimentos y Prohibiciones

Vencidos los plazos para la actualización de los registros e informes establecidos, las personas y estructuras jurídicas que no hayan cumplido con la obligación señalada, quedarán sujetas a las siguientes consecuencias hasta que se formalice la obligación:

1. No podrán realizar operaciones financieras con entidades del Sistema Financiero (Artículo 13 de la Ley N° 1015/1997).
2. Bloqueo del Registro Único del Contribuyente (RUC) por parte de la DNIT dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas.
3. Suspensión de la tramitación de cualquier presentación ante la autoridad de aplicación.

Recién una vez regularizada la obligación incumplida, la autoridad de aplicación emitirá una constancia de cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley.

Recomendamos a todos los sujetos obligados a revisar y actualizar sus registros con antelación a la fecha límite.

Contáctenos

Para mayor información o asistencia, no dude en contactar a nuestro equipo de expertos legales a societario@vouga.com.py.

Fecha límite: 30 de junio de 2024

Comprometidos con la Transparencia y el Cumplimiento Legal.

Por medio del Decreto N° 1909 de fecha 17 de junio de 2024 (el “Decreto”), el Poder Ejecutivo resolvió:

1. Aumentar a partir del 1 de julio del año 2024 el SML del trabajador del sector privado en un 4,4% (Gs. 117.936) con relación al SML del año anterior.
2. Establecer el SML en Gs. 2.798.309 y el jornal mínimo en Gs. 107.627.
3. El MTESS deberá reglamentar en los próximos días los salarios mínimos para cada actividad y publicar el reajuste salarial conforme a los criterios técnicos y legales aplicables.

Los empleadores deberán actualizar y fijar el nuevo salario y jornal mínimo en carteles en lugares visibles de los establecimientos de trabajo.

Este contenido tiene únicamente fines informativos generales y no debe ser considerado como asesoría legal puntual. Si precisa asesoramiento específico no dude en contactarnos.

Executive summary:

	Authority	Date	Content
	Decree N° 1465/2024	April 03, 2024	A special Value Added Tax ("VAT") liquidation regime is established on different concepts related to loans granted within the framework of the "Che Roga Porã" program.
	Resolution N° 027-001/2024	April 19, 2024	The Social Security Institute ("IPS") approves the subscription of an interinstitutional cooperation framework agreement with National Directorate of Tax Revenues ("DNIT").
	General Resolution N° 08/2024	April 25, 2024	The validity of the annual authorization is extended for all persons related to the customs activity.
Binding Consultation		November 2023	The DNIT ruled on the tax treatment to be given to the remuneration received by the partner of a company, in his capacity as senior personnel and as a provider of other independent personal services.

More information:

► Decree No. 1465 /2024 - A special VAT regime is established for loans granted under the "Che Roga Porã" project.

By means of Decree No. 1465/2024 ("Decree"), the Executive Power has established that the interest, commissions and surcharges generated by loans granted to those persons who wish to access their first home within the framework of the "Che Roga Porã" program ("Program"), will enjoy a special regime in the liquidation of VAT.

Specifically, the Decree broadens the scope of Decree No. 3476/2020, which established the VAT liquidation rate of 5% for credits destined to access the first home. In this sense, the new decree establishes that the financial institutions that grant the credits destined to the Program, in addition to liquidating the tax under such rate, will be made on a taxable base of 10% on the aforementioned concepts, generated by such loans. This implies that the effective VAT rate will be 0.5%.

It should be noted that this special regime applies only to the Program's housing financing loans; it does not apply to other government programs related to the acquisition of the first home, to which, at most, the reduced VAT rate of Decree No. 3476/2020 could be applied.

The Program was promoted by the Executive Power to guarantee access to housing for the working population, seeking to benefit families with incomes up to 4 minimum wages, having the possibility of financing their homes with terms of up to 30 years. Thus, the measure established by the Decree seeks to establish affordable instalments for families wishing to take advantage of the Program, for whom a maximum interest rate of 6.5% has been set.

► Resolution N° 027-001/2024 - Approving and authorizing the subscription of the inter-institutional cooperation framework agreement between DNIT and IPS.

By Resolution No. 027-001/2024, the IPS approved and authorized the execution of an institutional cooperation framework agreement ("Agreement") with the DNIT. The purpose of this Agreement is the exchange of information and technological cooperation concerning the control of compliance with the employer's social security obligations.  

In this regard, the Agreement focuses on cooperation in the following areas:

1. Normative.
2. Technological.
3. Exchange of information.
4. Training.
5. Technical collaboration.

For his part, the national director of tax revenues, Óscar Orué, has pointed out that the Agreement seeks to cross-reference data from employers, focusing on the support of the employer's contribution to which they are obliged, the verification of the number of employees that an employer declares, and the movements related to the tax obligations they have, such as income tax and value-added tax .

► General Resolution No. 08/2024 - The validity of the annual authorization for all persons related to the customs activity is extended.

By means of General Resolution No. 08/2024 ("Resolution"), the DNIT extended until February 28, 2025, the validity of the annual authorization of Persons Related to Customs Activities ("PVAA"), which must be updated before April 30 of each year, as established in Article 17 of Decree No. 4672/2005.

In this regard, the following is a reminder of who, according to the provisions of Law No. 2422/2004, of the Customs Code, are the PVAA affected by this extension:

Persons Related to the Customs Activity

a. Single Person Habitual Importer

b. Habitual Importer with Legal Status

c. Customs Broker

d. Freight Forwarder

e. Freight Forwarder

f. Express Remittance

g. Free Zone User

h. National or Foreign Transportation Company

i. Goods Depositary

j. Insurance Company

k. Bank

It is worth mentioning that the PVAA benefited with this extension had to present their corresponding guarantees of the professional gender until May 31 of this year, under penalty of decay of the extension of the validity of their registration, agreed by the Resolution. Said guarantees must cover the term of one year and may consist of :

1. Cash deposit.
2. Bank guarantee.
3. Insurance policy.
4. Collateral pledged or mortgaged.
5. Certificate of Deposit and Warrant.

In the case of surety policies, if they are surety policies, they may only be submitted in digital format and will be automatically constituted.

Finally, it is mentioned that the registration and qualification of the PVAA for the first time must comply with the documentary requirements demanded by the registration department, which are established in Resolution No. 80/2020 of the National Customs Directorate.

► Answer to a binding consultation on the tax treatment of the remuneration received by the partner of a company, in his capacity as senior personnel and as a provider of other independent personal services.

In a response issued to a binding consultation during November 2023, the DNIT set forth its position on the tax treatment to be given to remuneration received by the partner of a company, both for services rendered in a senior capacity and for independent personal services rendered in other capacities.

In the consultation filed by the taxpayer, a corporation mentioned that its managing partner is a VAT and Personal Income Tax ("IRP") taxpayer; and, as a lawyer, he performs collection and loan tasks, as well as credit analysis, for which he receives professional fees. The consultant requested the confirmation of the criterion that the remunerations paid to the partner must be considered as a deductible expense based on the provisions of numeral 7 of Article 15 of Law No. 6380/2019 ("Tax Law"), without any limitation. In this regard, the DNIT concluded that the remuneration as senior personnel, which in this case was that of a director of a corporation, may be deductible as a corporate income tax expense, but limited to 1% of the taxpayer's annual gross income, according to the penultimate paragraph of article 15 of the Tax Law. The DNIT also added that, regardless of whether the partner is an IRP taxpayer, the combination of his (i) (i) status as a partner with (ii) the receipt of remuneration as a senior staff makes the limitation of his deductibility.

On the other hand, the DNIT also clarified that the limitation of deductibility would not apply in the following cases:

1. When the partner, owner or shareholder does not have such status and is a taxpayer of the IRP or the Non-Resident Income Tax ("INR").
2. When the partner, owner or shareholder, despite being a partner, owner or shareholder, (i) is an IRP or INR taxpayer, and (ii) receives remuneration for the rendering of other independent personal services that do not correspond to the quality of senior personnel.

Regarding the second assumption indicated, the DNIT mentioned that the relationship of independent providers of services other than senior personnel must be verifiable through reliable means and the remuneration must be supported by the receipt issued by the service provider for the remuneration in this concept to be deductible in its entirety in the IRE.

Finally, to distinguish the different qualities in which the partner, owner or shareholder of a taxpayer may act, the DNIT cited Article 23 of the Labor Code and indicated that senior personnel are considered to be those persons who occupy positions in which the elements of subordination do not predominate, due to their nature as representatives of the company, and who, due to the importance of their fees, nature of the work and technical capacity, enjoy notorious independence in their work, such as directors, managers, administrators and other executives of a company.

La semana pasada la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (“DINAVISA”) comunicó a través de sus redes sociales, que estará intensificando los controles de los locales de venta de cigarrillos electrónicos, vapeadores, vaporeadores y otros sistemas de administración de nicotina y similares sin nicotina, y de las sustancias utilizadas para el uso de estos (“Vapeadores”)[1].

La Resolución Nº 153/21 de 11 de agosto de 2021 (“Resolución”) establece los requisitos para el registro de los Vapeadores ante la DINAVISA y, además, fija los requisitos para la habilitación de los establecimientos dedicados a la importación, exportación, elaboración, distribución y comercialización de los Vapeadores. Al respecto, la Ley Nº 6788/21 y la Resolución Nº 328/22[2] designan a la DINAVISA como autoridad sanitaria nacional responsable del cumplimiento de las disposiciones previstas en la Resolución y, en caso de incumplimiento, estará facultada a sancionar a los infractores.

Con respecto a los requisitos que deben cumplir las empresas y establecimientos que deseen comercializar Vepeadores, estos deberán contar con la habilitación del local de venta, estar inscriptas en DINAVISA y, una vez obtenido el registro y habilitación, cumplir con las disposiciones relativas a los lugares y puntos de venta de los Vapeadores, así como con la normativa respecto a la promoción y publicidad de los mismos. En ese sentido, es importante mencionar que podrán habilitarse únicamente aquellos locales que se encuentren habilitados como “comercializadoras” ante DINAVISA y que cumplan con los requisitos mínimos de infraestructura, tales como ser locales de venta exclusiva. Respecto a la promoción y publicidad, es importante recordar que estas actividades no están permitidas, a excepción de la realizada en los lugares y punto de venta habilitados, en cuyo caso deberá contener las advertencias sanitarias exigidas.

Hasta la fecha los controles de fiscalización realizados por DINAVISA han sido bastante laxos; sin embargo, con la entrada en vigor de la Resolución Nº 328/22, que otorga a DINAVISA un mayor grado de autonomía respecto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS) al tiempo que la dota de mayores recursos, tanto humanos como económicos, es posible para la institución incrementar los controles y, eventualmente, aplicar sanciones; en ese sentido, se espera que los controles con miras al cumplimiento efectivo de la Resolución intensifiquen paulatinamente a lo largo del 2023.
Las sanciones que puede aplicar DINAVISA pueden ser leves, graves o muy graves (de conformidad con lo establecido en la Resolución DNVS N° 265/22); estas van desde una amonestación, multas, decomiso y destrucción, suspensión de autorizaciones, licencia, registro o permiso, hasta la clausura temporal o definitiva del local de comercialización y la cancelación del registro sanitario.

Estaremos siguiendo de cerca los acontecimientos respecto a las tareas de fiscalización que vaya llevando a cabo la DINAVISA ya que la industria de los Vapeadores está en plena expansión en nuestro país, por lo tanto, el impacto de la medida es de alta relevancia.

Para mayor información con relación a esta operación u otros temas relacionados con Registros Sanitarios y/o Propiedad Intelectual, por favor póngase en contacto con Manuel Acevedo (macevedo@vouga.com.py), Laura Lezcano (llezcano@vouga.com.py), Stephanie Medina (smedina@vouga.com.py) y Grecia Florentín (gflorentin@vouga.com.py)

[1] Para acceder al contenido de la comunicación haz click en los siguientes enlaces:

https://www.facebook.com/104619452315666/posts/pfbid0dLXNRz4Nf2xdRPHQs3dm4f6QRm7WPDMrWueNAWUqu6zz7ecENiatxs5QZLDqDSZvl/?d=w&mibextid=qC1gEa

https://twitter.com/DINAVISApy/status/1618937479113117696

[2] Para acceder a la Resolución DINAVISA Nº 328/22 haz click aquí: https://www.mspbs.gov.py/dependencias/dnvs/adjunto/90094f-

Nuestro Asociado (Sr.) Manuel Acevedo Scappini, especialista en temas de derecho administrativo participó, junto con nuestra colega Alexandra Aguilar de BLP Costa Rica, de un podcast organizado por Employment Law Alliance (ELA), la red más grande abogados especializados en temas de Derecho Laboral, en el cual tuvieron la oportunidad de conversar acerca de las novedades introducidas por la nueva ley de migraciones paraguaya; la Ley N° 6984/22.

Puedes acceder al contenido de podcast haciendo a través del siguiente link

Desde Vouga Abogados asistimos a CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, en el otorgamiento a favor del estatal Banco Nacional de Fomento de una línea de crédito no comprometida por hasta la suma de USD 50.000.000. 

Los fondos obtenidos por el Banco Nacional de Fomento serán utilizados para financiar a sus clientes calificados como micro, pequeñas y medianas empresas en la mitigación de los efectos de la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19 y apoyar el proceso de recuperación de la economía paraguaya. 

Entre otros, el rol de Vouga incluyó el asesoramiento a CAF durante la negociación del contrato de línea de crédito con la entidad estatal, así como la asistencia en la redacción de los documentos del financiamiento, en la debida diligencia al banco y el desembolso del préstamo. 

El asesoramiento de Vouga fue liderado por el socio Carlos Vouga y el equipo conformado por el asociado senior Georg Birbaumer y los asociados Juan Manuel Ros, Paula Lovera y la paralegal Teresa Sosa. 

For further information regarding this transaction or other topics related to Banking & Finance, please feel free to contact Carlos Vouga (cvouga@vouga.com.py) or Georg Birbaumer (gbirbaumer@vouga.com.py). 

Vouga Abogados ¹

Paraguay offers different investment incentive regimes, which have been used by local and foreign investors, including to a large extent Brazilian capital from numerous sectors that lands in Paraguay for different purposes. This article provides the reader knowledge regarding the two main tax regimes for export markets available in Paraguay: the maquiladora export industry (regulated by Law No. 1064/1997) and free trade zones (regulated by Law No. 523/1995). A brief analysis of both regimes is presented below.

     I.         Free Trade Zones

Under the free trade zone regime, it is possible to create areas within Paraguayan that do not form part of the Paraguayan customs territory. The latter must be understood as the territory in which the same tariff regime and economic restrictions are applied to imports and exports, as defined in both article 2 of Law No. 523/1995 and the article 3(1) of the Paraguayan Customs Code.

An individual or an entity acquires the status of user of a free trade zone and, therefore, the right to operate there, by virtue of a contract entered with a free trade zone concessionaire.² The execution of this contract is preceded by the pertinent application submission from the requesting user, including the respective contract template, investment project and other requirements set forth by the concessionaire in the Internal Regulation of the Free Trade Zone.³.

Industrial activities are among those allowed to free trade zone users, i.e., manufacturing goods intended for export as a result of the transformation within the free trade zone of raw materials or semi-finished products. The free trade zone regime may be also used for activities by the regulation as commercial (warehousing, assortment, classification, handling, blending) as well as some types of services authorised by the Executive Power.⁴.

The free trade zone regime is being used for the development (from the construction phase) of large industrial plant projects to produce biofuels and cellulose, with investments around USD 1 billion and USD 3.2 billion, respectively.⁵The successful implementation of these projects will imply unprecedented milestones for the free trade zone regime and for the country in general.

a. Tax Regime

The activities allowed to users that are carried within the free trade zone, as well as the profits obtained by such users are exempt from all national, departmental, or municipal taxes, except for a single tax of 0.5% on the value of the goods exported to third countries from the free trade zone, named "Free Trade Zone Tax", which is determined and paid upon formalisation of each export clearance⁶.

This means that the entry of goods into the free trade zone is carried out free of customs and internal taxes, since the free trade zone is not part of the Paraguayan customs territory.

The special tax does not apply to income from sales that users carry out from the free trade zone to the Paraguayan customs territory, which are taxed by the corresponding income tax in force in Paraguay, whose rate is currently 10% on net income⁷.

b. Obligations

Users must comply with the legal requirements applicable to merchants, proceed with registration before the corresponding national registries, keep accounts separately from any other activity they carry out outside the free trade zone and have a permanent electronic inventory of their goods, merchandise, and raw materials⁸Likewise, they must add to their company name the expression "User of Free Trade Zone”⁹. The declaration of bankruptcy and the inhibition of assets are incompatible with the character of free trade zone user¹⁰.

Users must also invest the capital stated in the respective application and develop the agreed activities. This implies the start of the projected investment in a period not exceeding one year, counting from the execution of the contract with the concessionaire. Activities must begin its course within a period not exceeding two years, counting from the date of the contract, except in extraordinary cases that must be justified when requesting the exception¹¹.

Also, users must timely pay the agreed price, as well as the common expenses and other services to be used. In addition, users must use the property and premises exclusively to the development of the activities authorized in the contract, and hire a third-party liability insurance, covering all risks arising from their activities within the free trade zone, including work accidents, as well as on buildings and facilities used in their activities¹².

Users must also allow access, during working hours, to the concessionaire or whoever it designates to carry out inspections throughout the property and buildings, as well as respect the operating hours of the free trade zone and dispositions regarding the transit of people and vehicles set forth by the concessionaire. In addition, users must comply with the applicable rules for environmental protection and conservation; and, provide the concessionaire and the National Council of Free Trade Zones, when these require so, with formal quantitative statements about goods, raw materials, etc¹³.

c. Free Trade Zones and Mercosur

Article 2 of Mercosur CMC Decision No. 8/1994, as amended by the CMC decision No. 33/2015, states that the Member States will apply the Common External Tariff or, where appropriate, the applicable national tariff, to goods originating from free trade zones located within Mercosur, unless the goods have only been stored without being transformed, in which case they will not lose their origin prior to the free trade zone.

Said Mercosur regulation bans Member States to issue the Mercosur certificate of origin for goods produced in the free trade zones located in their territory. At the same time, it authorises Member States to apply the corresponding customs tariff to the importation of such goods if they deem appropriate, even if one of the Member States does not comply with the indicated ban and issues the Mercosur certificate of origin.

Paraguay´s case is quite atypical in this subject, since it first internalised CMC Decision No. 8/1994 on December 30, 1994, by article 1 of Decree No. 7145/1994, but then “de-internalised” it on January 16, 1995 – in less than a month – by Decree No. 7346/1995, which modified the aforementioned article 1 of Decree No. 7145/1994 for the sole purpose of excluding CMC Decision No. 8/1994, and thereby avoiding the entering into force of the aforementioned ban.

As a result, Paraguay has been issuing certificates of origin Mercosur to goods from free trade zones located in the country, which are normally accepted by customs, both from Paraguay as well as from the other Mercosur Member States without the application of extra-zone import tariffs. However, this has not been entirely peaceful, due to the power granted by CMC Decision No. 8/1994, allowing customs of Member States to ignore the validity of the Mercosur certificates of origin issued under such conditions.

II. Maquila

Regarding the maquila regime, article 1 of Law No. 1064/1997 defines it as industrial or service processes that incorporate labour and other national resources used for the transformation, production, repair or assembly of goods of foreign origin imported temporarily for such purpose to be subsequently re-exported, in execution of a contract signed with a company domiciled abroad.

To take advantage of the maquila regime, the individual or entity must (i) be domiciled in Paraguay and authorised to carry out acts of commerce. The maquila programme has to be approved by the National Council of Maquiladora Export Industries (the “CNIME”)¹⁴ and by a joint resolution from the Ministry of Finance and the Ministry of Industry and Commerce¹⁵.

The maquila programme can be classified in four types: simple, services, intangible and sub-maquila; and five (5) forms of operation: pure maquila, idle capacity, subcontract, twin plant or shelter¹⁶.

The approval process of a maquila programme before the CNIME, as well as its modification, extension, reduction, suspension or cancellation, is a process carried out in about six months once all required documentation is ready.

a. Tax Regime

Maquiladora companies can temporarily import different goods with suspension of customs tariffs and internal taxes: raw materials and inputs necessary for production; machinery, devices, instruments, and spare parts for the production process; industrial safety tools, equipment and accessories; telecommunication and computing equipment for the exclusive use in the maquiladora industry; box trailers and containers¹⁷.

The permanence in the country of imported raw materials and inputs under the maquila temporary admission regime cannot exceed a period of twelve months from the date of importation, extendable by a Bi-Ministerial Resolution for one time only for another equal period, at the request of the maquiladora company and for a duly justified reason. Other goods may remain in the country for the entire duration of the maquila programme, except for box trailers and containers, whose maximum stay in the country is six months.¹⁸.

The Maquila contract and the activities carried out are taxed by a single tax of 1% per month on the value added in the national territory or on the value of the sales invoiced in the month, whichever is greater. The value added in the national territory is equal to the value of the goods acquired internally plus value of the services contracted and wages paid within the country to perform the maquila contract¹⁹.

In the case of sales to the national market of goods imported under the maquila regime, the maquiladora company must pay the taxes applicable for its nationalisation in force at the date of the temporary import clearance, plus all internal taxes applicable on said sales. These sales cannot exceed 10% of the total volume exported in the preceding year, and the general income tax of Paraguay 10% apply to the profits from these sales. Current income tax is 10% on net income²⁰.

Maquila contract and the activities carried out in execution thereof are exempt from any other national, departmental, or municipal tax. This exemption covers the import of goods falling under the maquila contract, the re-export of goods imported under said contract and the export of goods transformed, manufactured, repaired, or assembled under said contract²¹.

Unlike the free trade zone regime, the maquila regime does not present conflicts at Mercosur scale, since it does not face a norm like CMC Decision No. 8/1994.

b. Obligations

Maquiladora companies must register the Bi-Ministerial Resolution approving the maquila programme before the Administration of National Customs (the “DNA”), and also provide sufficient guarantee for the tariffs eventually applicable to temporarily imported goods. In addition, maquiladora companies must comply with the terms set forth in the approved programme and used the raw materials and inputs for the authorised operations.

Also, maquiladora companies must train the national personnel necessary for the execution of the programme, and notify both the Ministry of the Finance and the Ministry of Industry and Commerce in case of duly justified suspension of activities within ten days following the date on which that occurs. Finally, they must submit monthly to the DNA, through the CNIME, a form stating the volume, type and value of imports, consumption, and exports or re-exports made, and record their operations in specially authorised ledgers²².

III. Final considerations

Paraguay has two tax regimes to stimulate local production for export markets: Maquila and Free Trade Zone.
Both present similar tax benefits: On one hand, the possibility of introducing goods into the national territory avoiding payment taxes and tariffs normally applicable; on the other hand, a simplified and reduced tax regime on gross values, without the application of general taxes to income, dividends and sales on export-oriented activities.

The fact that these two regimes have managed to persist and grow over several years speaks about a mature sector of the economy with positive experience for most of its actors.

1. Asuncion, Paraguay
vouga.com.py
First published in October 2022 as part of ALAE e-book named “desafios, ameaças e oportunidades na gestão jurídica”.
2. Law 523/1995 §7.
3. Decree 1554/1996 §27.
4. Law 523/1995 § 3.
5. https://www.ip.gov.py/ip/destacan-inversion-extranjera-de-us-800-millones-en-zona-franca/ (last accessed on 2022.07.18)
https://www.ip.gov.py/ip/ejecutivo-aprobo-concesion-de-zona-franca-con-millonaria-inversion-en-concepcion/ (last accessed on 2022.07.18)
6. Law 523/1995, chapter IV.
7. Law 523/1995 § 17
8. Decree 15554/1996 § 31(i)/(n)
9. Decree 15554/1996 § 31(n).
10. Law 523/1995 § 10.
11. Law 523/1995 § 11(b).
12. Decree 15554/1996 § 31(a)-(d).
13. Decree 15554/1996 § 31(f)/(h)/(j)/(k), 63 y 74; Law 523/1998 § 11(d)-(e).
14. Official website https://www.mic.gov.py/maquila/ES/quienes-somos-cnime.php (last accessed on 2022.07.18).
15. Decree 9585/2000 § 47.
16. Decree 9585/2000 § 42.2.
17. Law 523/1995 § 12.
18. Law 523/1995 § 12.
19. Law 523/1995 § 29.
20. Law 523/1995 § 16.
21. Law 523/1995 § 30.
22. Law 523/1995 § 15.

Executive summary:

Authority	Date	Content
Decree No. 8.301	November 17, 2022	The Presidency of the Republic vetoed in full bill No. 7,022/2022, extending Value Added Tax ("VAT") deductions for individuals who provide services independently.
Decree No. 8.416	November 30, 2022	Extends until December 31, 2022, the validity of the special ISC taxable bases for certain fuels derived from oil.
General Resolution No. 122	November 21, 2022	The Undersecretariat of State for Taxation ("SET") updates the list of taxpayers subject to the jurisdiction of the General Directorate of Collection and Regional Offices.
General Resolution No. 105	December 17, 2021 (reminder)	The SET established the schedule of due dates for several groups of taxpayers to compulsorily adhere to the Integrated National Electronic Invoicing System ("SIFEN") - Reminder for Group 3 and following.

More information:

► Decree No. 8,301/2022 - The Presidency of the Republic fully vetoes the bill seeking to extend the VAT deduction for individuals who provide services independently.

Through Decree No. 8,301/2022 (the "Decree"), the Presidency of the Republic fully vetoed Bill No. 7,022/2022 (the "Bill"), whereby it was proposed to amend Articles 88 and 89 of Law No. 6,380/2019 (the "Tax Law").

The draft Bill proposed to amend the Tax Law and, thereby, allow individuals who independently render personal services to deduct the full input VAT tax credit on purchases of consumer goods, such as food and non-alcoholic beverages, among others. As one of the main reasons for the objection, the Executive Branch indicated that the Bill violates the principles of equality before taxes, proportionality, necessity, and reasonableness.

With the total veto of the Executive Branch, the Bill returned to the Chamber of Deputies, which confirmed by absolute majority the acceptance of the veto. Next, the Senate Chamber must decide whether to approve or reject the veto. It is expected that this chamber will also accept the veto since the Executive Branch has transcribed in the Decree the text of the legislative amendment bill of the Senate Chamber.

It is important to remember that the Executive Branch issued Decree No. 8,175 on November 7, 2022, which extended the deductibility of the VAT tax credit for certain purchases. More information on this matter can be accessed through the following link: https://vouga.com.py/se-amplian-las-deducciones-del-iva-para-personas-fisicas-que-prestan-servicios-de-manera-independiente/

► Decree No. 8,416/2022 - Extension until December 31, 2022, of the special ISC tax bases for certain petroleum fuels.

Through Decree No. 6,620/2022, the Executive Branch modified, on a transitory basis, the ISC taxable bases for the importation and commercialization of the following oil-derived fuels:

Product	Taxable Base
1) Gas Oil/Diesel Type III	G. 2.388,9 per liter
2) Virgin Naphtha	G. 3.045,6 per liter
3) Naphtha RON	G. 6.033,3 per liter

Originally these tax bases were to be in force only during February 2022, but then their validity was extended monthly at the rate of one decree per month. Decree No. 8,416/2022 is the last of these extensions, extending the validity of these tax bases until December 31, 2022.

► General Resolution No. 122/2022 - The SET updates the list of taxpayers subject to the jurisdiction of the General Directorate of Collection and Regional Offices.

The SET updated the list of taxpayers under the General Directorate of Collection and Regional Offices' jurisdiction by General Resolution No. 122/2022 (the "RG").

As of December 1, 2022, the taxpayers indicated in the list of Annex I of the RG are removed from the category of "Large Taxpayers" and are incorporated into the category of "Small Taxpayers" under the jurisdiction of the General Directorate of Collection and Regional Offices.

As of the same date, the taxpayers indicated in Annex II of the RG are removed from the "Medium Taxpayers" category and incorporated into the "Small Taxpayers" category, subject to the jurisdiction of the General Directorate of Collection and Regional Offices.[1].

Taxpayers whose Single Taxpayer Registry (" RUC") number does not appear in any of the annexes of the General Resolution, remain in the category in which they are currently, with no change in the competence of the General Directorate of the SE T that administers them

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[1] Annexes I and II of General Resolution, can be found at the following link

If you wish to know if you or your organization are affected by this Resolution, you can consult the complete list of taxpayers in the following link: complete list of taxpayers in the following search engine.

► General Resolution No. 105/2021 - Mandatory schedule was established for several groups of taxpayers to adhere to SIFEN - Reminder for Group 3 and following.

All taxpayers, especially those in Group 3 of the SIFEN, are reminded that the SET issued General Resolution No. 105/2021 (the "RG"), dated December 17, 2021. Through this RG, the mandatory calendar for several groups of taxpayers to adhere to the SIFEN was established, foreseeing ten groups with nine different due dates, with a difference of one quarter between the dates foreseen for one group and another, except for groups 1 to 3, according to the following calendar.

Groups	Date from which they are obliged
1 – “Pilot plan”	July 01, 2022
2 – “Voluntary adherence”	July 01, 2022
3 – “Compulsory phase”	January 02, 2023
4 – “Compulsory phase”	April 03, 2023
5 – “Compulsory phase”	July 03, 2023
6 – “Compulsory phase”	October 02, 2023
7 – “Compulsory phase”	January 02, 2024
8 – “Compulsory phase”	April 01, 2024
9 – “Compulsory phase”	July 01, 2024
10 – “Compulsory phase”	October 01, 2024

Obligated taxpayers from groups 3 to 10 may start issuing electronically before the established date in case they wish to do so gradually. However, once the mandatory date arrives - January 2, 2023, for group 3 - they must exclusively issue all their documents electronically since the authorization and stamping of their pre-printed or self-printed documents, granted by the SET, will cease to be valid, except for the one related to virtual withholding receipts.

Taxpayers should take into account that they will bear the cost of the development and implementation of an electronic invoicing system, which often involves a considerable implementation time, as acknowledged by the SET in article 4 of the RG when it grants a period of up to 12 months of adaptation to those who wish to become voluntary electronic billers.

Therefore, it is extremely important to be aware of whether you or your company is covered by the mandatory SIFEN, because, if you are and you do not take the appropriate measures in time, you may no longer be able to operate normally. If you want to know if you or your organization are affected by this RG, you can consult the complete list of taxpayers in the complete list of taxpayers in the following search engine. For further details or better advice, don't hesitate to get in touch with our tax professionals.