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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) lanzó la Licitación Pública Internacional N° 09/2025 (ID 469514) para el diseño y construcción del nuevo Hospital General de San Estanislao, en el departamento de San Pedro. Esta obra emblemática busca garantizar el acceso a la salud en la región norte del país, beneficiando a poblaciones de los departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay y Canindeyú.

Valor y Financiación

El proyecto, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene un valor estimado de USD 60 millones, de los cuales USD 30,25 millones estarán destinados al diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura.

Fecha de Entrega de Ofertas

Las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas antes del 4 de agosto de 2025. La fecha límite para la presentación de consultas vence el 29 de julio de 2025. La visita técnica está prevista para el 27 de mayo próximo. Todas estas fechas están sujetas a cambios por parte de la convocante (MOPC).

Detalles del Proyecto

El hospital contará con:

• 189 camas censables: 157 para internación general y 32 para cuidados intensivos.
• Servicios de urgencias, quirófanos, ginecología y obstetricia, internación, terapia intensiva, atención ambulatoria con 31 consultorios, laboratorios, diagnóstico por imágenes, áreas administrativas, albergue, estacionamiento, espacios verdes y helipuerto.

El MOPC estará a cargo de la licitación, construcción y fiscalización, mientras que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) será responsable del equipamiento y fortalecimiento de los servicios de salud.

Ejecución y Contrato

El contrato se regirá por el modelo FIDIC Libro Amarillo 2017, estándar internacional que asigna al contratista la responsabilidad del diseño y la ejecución. El plazo previsto es de 30 meses (6 de diseño y 24 de construcción), con 18 meses adicionales de mantenimiento a partir de la entrega provisoria.

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Para mayor información, por favor contacte a: Rodolfo G. Vouga (rgvouga@vouga.com.py); Manuel Acevedo (macevedo@vouga.com.py); Silvia Benítez (sbenitez@vouga.com.py); Lucas Rolón (lrolon@vouga.com.py); Yvo Salum (ysalum@vouga.com.py).  

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) emitió la Resolución N° 398/2025 (la “Resolución”) en abril de 2025, a través de la cual se modifica el inciso a) del apartado 4.2 del Anexo I de la Resolución MTESS N° 346/2024. Dicha normativa regula el Manual de Procedimiento de Inspección y Fiscalización Laboral, y deja sin efecto resoluciones anteriores en materia de inspecciones.

La modificación tiene por objeto ajustar el circuito administrativo del Informe Final de Inspección, particularmente en los casos en que los inspectores no detecten irregularidades o no puedan confirmar los hechos que motivaron la orden de fiscalización.

En adelante, los inspectores deberán remitir el Informe Final de Inspección al Director General de Inspección y Fiscalización (DGIF) y/o al Director de Fiscalización Laboral, con una propuesta fundada de archivo del expediente, acompañada de los antecedentes documentales.

La DGIF verificará las actuaciones inspectoras y remitirá los antecedentes a la Dirección General de Asesoría Jurídica (DGAJ) para dictamen. En caso de que la DGIF no considere procedente el archivo, deberá justificar su decisión mediante un informe, que también será remitido a la DGAJ.

Finalmente, la Máxima Autoridad Institucional del MTESS (Ministra o Ministro) será quien determine si corresponde o no el archivo del expediente. Si corresponde, se emitirá una providencia de archivo. En caso contrario, se dispondrá mediante providencia qué diligencias adicionales deberán realizarse, devolviéndose el expediente a la DGIF para continuar el trámite.

Este contenido tiene únicamente fines informativos generales y no debe ser considerado como asesoría legal puntual. Si precisa asesoramiento específico no dude en contactarnos.

Mediante Resolución N° 12, Acta N° 15, de fecha 10 de abril del 2025, el Directorio del Banco Central del Paraguay (“BCP”) dispuso que las casas de bolsa sean Participantes Directos del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) y del Sistema de la Depositaria de Valores (DEPO/X), a partir del 31 de marzo del 2027.

Actualmente, las casas de bolsa operan como Participantes Indirectos del Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP) a través de servicios prestados por terceros. Sin embargo, con esta modificación, se integrarán de forma directa al LBTR y DEPO/X.

Al respecto, el BCP establecerá el cronograma para la implementación correspondiente, a fin de asegurar una transición ordenada y conforme a los requisitos técnicos y operativos que se definirán. Hasta la fecha de entrada en vigor, las casas de bolsa continuarán operando como Participantes Indirectos.

Mediante Resolución N° 7, Acta N° 11, de fecha 13 de marzo del 2025 (la “Resolución”), el Banco Central del Paraguay estableció nuevos topes a las comisiones aplicadas por los servicios de intermediación de pagos realizados mediante tarjetas de crédito o débito. Esta medida busca alinear el mercado paraguayo con las prácticas internacionales y fomentar la inclusión financiera.

De acuerdo con la Resolución, los nuevos límites se aplicarán de manera gradual:

1. A partir del 1 de julio del 2025, la comisión máxima será del 4% para tarjetas de crédito y del 3% para tarjetas de débito.
2. A partir del 1 de julio del 2026, estos topes se reducirán al 3% para tarjetas de crédito y al 2% para tarjetas de débito.

La decisión se fundamenta en un análisis técnico que identificó que las tasas actuales se encuentran por encima de los estándares regionales. La reducción de las comisiones busca beneficiar a los comercios, especialmente a los pequeños, permitiéndoles acceder a medios de pago electrónicos con menores costos, lo que podría traducirse en precios más competitivos para los consumidores.

Mediante Resolución N° 6, Acta N° 11, de fecha 13 de marzo del 2025, el Banco Central del Paraguay (“BCP”) introdujo modificaciones al artículo 20 de la Resolución N° 43, Acta N° 95 de fecha 30 de diciembre del 2015, la cual regula el cobro de comisiones por intermediación en operaciones con tarjetas de débito y crédito.

Con esta modificación, las entidades emisoras y/o las operadoras deberán mantener publicadas en sus sitios web todas las comisiones por intermediación aplicadas a los comercios adheridos, diferenciando entre operaciones con tarjetas de débito y crédito. Esta información deberá publicarse en una matriz que discrimine grupos de montos de facturación y promedios de comprobantes de pago (tickets), y se distinguirán por tipo de tarjeta, ya sea de débito o de crédito. Además, las entidades están obligadas a actualizar continuamente la información sobre las comisiones efectivamente cobradas, garantizando que los comercios y el público en general tengan acceso a datos actualizados y precisos.

Asimismo, el BCP establecerá la tasa máxima aplicable a las comisiones de intermediación aplicables. Se aclara que esta tasa máxima abarca la suma de todas las comisiones de intermediación cobradas durante el proceso de pago, sin importar las funciones o medios utilizados por las entidades involucradas. No obstante, se permite la aplicación de comisiones adicionales por servicios distintos a la intermediación de pagos electrónicos, tales como gestión empresarial, administración de flujos de fondos o análisis de datos, siempre que su contratación no sea obligatoria para acceder al servicio de intermediación.

Las entidades emisoras y/o operadoras deberán remitir a la banca matriz, dentro de la quincena de enero de cada año, sus políticas de cobro de comisiones aplicables a los comercios adheridos, conteniendo mínimamente: (i) justificación técnica de las comisiones aplicadas o razones de la modificación; (ii) estudio técnico que respalde variaciones; (iii) descripción de los servicios prestados; y, (iv) estructura de costos fijos y variables, especificando la metodología de cálculo y la distribución de costos entre comisiones, operadoras y comercios dentro de sus respectivas redes.

Mediante Resolución N° 3, Acta N° 16, de fecha 15 de abril de 2025, el Directorio del Banco Central del Paraguay (“BCP”) autorizó a las entidades bancarias y financieras a comprar, conservar y vender títulos valores representativos de deuda en moneda extranjera, emitidos por gobiernos nacionales y entidades financieras del exterior, siempre que estos cuenten con calificación crediticia de grado de inversión otorgada por al menos dos de las siguientes calificadoras: Fitch Ratings, Moody’s o Standard & Poor’s.

La normativa establece un límite global de hasta el 20% del patrimonio efectivo de cada entidad para la tenencia de estos instrumentos financieros. Además, dispone que, a los efectos del cálculo de los indicadores de solvencia patrimonial, las inversiones en estos últimos deberán ser clasificadas según la calificación de riesgo del país emisor, conforme a la siguiente tabla de ponderaciones, la cual se encuentra definida en la misma resolución:

Mediante Resolución N° 2, Acta N° 16, de fecha 15 de abril de 2025, el Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso la derogación y modificación de diversas disposiciones del Reglamento General del Mercado de Valores (el “Reglamento”).

En primer lugar, se derogó el Capítulo 2 del Título 26 «De los Depositantes» del Reglamento, junto con sus Anexos A y B. También fue derogado el artículo 9 del Capítulo 12, Título 13 “Casas de Bolsa”.

Se introdujeron modificaciones a las definiciones establecidas en el artículo 1 del Título 26. Los términos redefinidos incluyen: (i) Depositantes; (ii) Institución encargada del registro de anotación en cuenta; (iii) Comitente; (iv) Anotación en cuenta; y (v) Títulos. Las nuevas definiciones adoptan un lenguaje más conciso.

Asimismo, se actualizó el artículo 3 del Capítulo 4, Título 3 «Casas de Bolsa», que establece los valores admisibles para operaciones extrabursátiles en las que intermedia una casa de bolsa, tanto en el ámbito local como en el extranjero. Entre los cambios más relevantes se destaca la exclusión de los Certificados de Custodia Negociables (CCN) del listado de valores admitidos localmente, mientras que, a nivel internacional, se mantuvieron los criterios de admisión previamente vigentes.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) aprobó, mediante el Decreto N.º 3822/2025 (el “Decreto”), el Programa de Incentivo al Empleo Juvenil Formal (el “Programa”), con el objetivo de promover la formalización de jóvenes entre 18 y 29 años a través de incentivos económicos a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

El Programa establece un esquema de subsidio estatal de hasta el 35% del salario mínimo legal vigente por cada joven contratado bajo la modalidad de primer empleo formal. Esta asistencia cubre el 14% del aporte patronal y el 4% del aporte obrero al Instituto de Previsión Social (IPS), siendo transferida directamente por el MTESS a dicho organismo. El empleador abonará el 2,5% restante del aporte patronal y retendrá el 5% del aporte obrero.

Adelante exponemos algunos puntos relevantes del Decreto:

1. Subsidio estatal a la seguridad social

El Programa contempla un subsidio de hasta el 35% del salario mínimo legal vigente, destinado a cubrir parcial o totalmente las cotizaciones al IPS. El subsidio se distribuye de la siguiente manera:

• 14% del aporte patronal (cubierto por el Estado).
• 4% del aporte obrero (también cubierto por el Estado).
• El empleador abona el 2,5% restante del aporte patronal y retiene el 5% restante del aporte obrero.

La asistencia se transfiere mensualmente y directamente al IPS por el MTESS, sin pasar por el joven ni la empresa.

2. Adhesión al Programa

Las empresas interesadas deben adherirse mediante la plataforma EmpleaPY (https://emplea.mtess.gov.py) y cumplir con los siguientes requisitos:

• Estar formalizadas ante la DNIT, el IPS y el MTESS.
• Clasificarse como MIPYMES con hasta 50 empleados.
• Tener al menos un año de actividad formal.
• No registrar mora con el IPS (salvo refinanciación aceptada).
• No haber contratado al mismo joven en los seis meses previos.
• En caso de que haya más de un contratado por la empresa en el marco del programa, al menos el 50 por ciento deberán ser mujeres.

Las empresas podrán incorporar hasta el 20% de su plantilla promedio declarada en los últimos seis meses, o hasta dos beneficiarios si no cuentan con cotizantes activos.

3. Requisitos para los jóvenes beneficiarios

Los postulantes deben:

• Tener entre 18 y 29 años.
• Contar con entre 0 y 12 cotizaciones registradas en el IPS.
• No tener vínculo laboral con instituciones públicas.
• Comprometerse a realizar una capacitación obligatoria mínima de 60 horas durante el contrato, dictada por el SNPP o SINAFOCAL, vinculado al área de desempeño.
• No haber trabajado previamente en la misma empresa en los últimos seis meses.

Los contratos deberán tener una duración mínima de 8 meses y máxima de 12 meses, y el trabajador debe ser registrado en el IPS desde el primer día laboral.

4. Finalizado el contrato: migración al régimen general del IPS

El Decreto establece que una vez finalizado el plazo máximo del contrato bajo EmpleaPYJoven, el trabajador deberá ser migrado al régimen general del IPS, con las cotizaciones completas a cargo del empleador y del trabajador, conforme a la normativa vigente.

5. Suspensión temporal y complemento parcial del subsidio

La asistencia económica podrá suspenderse temporalmente o abonarse de forma parcial en ciertos casos:

• Parcial: cuando el trabajador perciba subsidios por reposo, licencias breves o suspensiones justificadas, siempre que el período sea inferior a un mes.
• Temporal: durante licencias por maternidad, reposos superiores a un mes, suspensión de contrato autorizada por el MTESS o investigaciones por incumplimientos.

6. Causales de exclusión del Programa

Tanto jóvenes como empresas pueden ser suspendidos o excluidos del Programa en los siguientes casos:

• Mora del empleador con el IPS por más de tres meses consecutivos o dos alternados.
• Información falsa o adulterada.
• No localización del trabajador tras tres visitas consecutivas.
• Incumplimiento de requisitos de capacitación o formalización.
• Subdeclaración salarial o domicilios inexistentes.
• Fallecimiento del beneficiario o empleador.

En caso de exclusión por falsedad o fraude, el MTESS podrá exigir la devolución de los aportes transferidos y remitir el caso a la Procuraduría General para acciones judiciales.

7. Despido o renuncia

• Si el joven es despedido sin causa justificada, la empresa quedará inhabilitada por 12 meses para postular nuevamente al mismo puesto dentro del Programa.
• En caso de renuncia o abandono injustificado, el joven no podrá volver a postular durante los 12 meses siguientes.
• En ambos casos, la empresa podrá volver a ofrecer la vacancia, pero debe comunicar los motivos formales de la desvinculación a través del sistema REOP.

8. Capacitación y control

Todos los beneficiarios deben completar un curso formativo relacionado con el puesto, dictado por el SNPP, SINAFOCAL u otras instituciones habilitadas. La verificación del cumplimiento estará a cargo del MTESS, que podrá realizar visitas aleatorias in situ sin carácter de inspección laboral.

Este contenido tiene únicamente fines informativos generales y no debe ser considerado como asesoría legal puntual. Si precisa asesoramiento específico no dude en contactarnos.

Continuamos con la segunda entrega de nuestra serie sobre regulación energética. Este documento analiza los mecanismos de licenciamiento, contratación y fijación de precios en el sector energético paraguayo, así como las barreras normativas que enfrentan quienes buscan invertir en generación y transporte de energía, en especial a partir de fuentes renovables.

Desde la experiencia práctica, proponemos ajustes clave que permitirían dinamizar el mercado, mejorar la bancabilidad de los proyectos y fortalecer la seguridad jurídica del sector.

Puedes acceder a la PARTE I aquí
La versión en inglés estará disponible próximamente.

🔜 La tercera entrega cierra esta serie con un enfoque en el futuro del sector.

Para obtener más información respecto de alguno de los temas abordados en esta primera entregar, por favor póngase en contacto con nuestros expertos: Manuel Acevedo (macevedo@vouga.com.py); Rodolfo Vouga Z. (rgvouga@vouga.com.py); Yvo Salum (ysalum@vouga.com.py) 

El 7 de abril de 2025, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció un ambicioso proyecto de mejoramiento vial para conectar las ciudades de Luque, Areguá y San Bernardino con la Ruta PY 02 (“Proyecto”). Con una inversión estimada de USD 180 millones, el Proyecto será el primer sistema de acceso y salida rápida que optimizará la movilidad entre el área metropolitana de Asunción, mejorando la conectividad con los departamentos de Central y Cordillera.

Tramos estratégicos

El proyecto se dividirá en tres tramos principales:

• Corredor Ypacaraí – Areguá – Luque: desde el Km 41 de la Ruta PY 02 atraviesa Ypacaraí, Patiño y Areguá hasta el centro de Luque. Incluye una nueva variante en Areguá para optimizar el flujo vehicular.
• Corredor Ypacaraí – San Bernardino – Luque (Tarumandy): desde el Km 43, conecta San Bernardino con Luque. Contempla la duplicación de carriles en el acceso a San Bernardino, mejoras urbanas en la ciudad y la ampliación de carriles en el tramo de la “Ecovía”.
• Autopista elevada: Un tramo sobreelevado de 4 Km, de 2 calzadas y 4 carriles, que conectará la zona urbana de Luque hasta la Conmebol. Esta autopista será compatible con el futuro tren de cercanías y respetará la dinámica urbana de Luque.

Marco contractual y financiamiento

El Proyecto se ejecutará en el marco de la adenda al contrato de Alianza Público-Privada para la construcción/ampliación, operación y mantenimiento   de la Ruta PY 02 (“Obra”), firmado entre el Estado paraguayo y el consorcio Rutas del Este (Sacyr y Ocho A), adjudicatario de la Obra por 30 años. La adenda no extiende este plazo, por lo que el Proyecto deberá realizarse dentro del tiempo remanente del contrato original. Además, la adenda tampoco implica la adjudicación directa del Proyecto al consorcio Rutas del Este. El MOPC llamará a una licitación pública para adjudicar la ejecución del Proyecto. La empresa que resulte adjudicada deberá obtener el 100% del financiamiento del Proyecto. Sin embargo, la adenda le permite al consorcio Rutas del Este igualar la mejor oferta que haya sido presentada por los oferentes. En caso de que ello ocurra, el consorcio Rutas del Este resultará la adjudicataria del Proyecto.

Se prevé que la licitación se convoque a finales de julio, con la firma del contrato en agosto de 2025. Los trabajos iniciarían a finales de 2025, con un plazo de ejecución de tres años.

La Obra fue ejecutada bajo la Ley N° 5102/13 de Alianza Público-Privada (APP), recientemente derogada por la Ley N° 7452/25.

Modalidad de repago

El repago de la inversión se estructurará mediante tres mecanismos:

• Pagos Diferidos de Inversión (PDI): pagos semestrales durante 15 años, a partir del mes siguiente a los 36 meses de emitida la primera orden de inicio de obras.
• Pagos por Disponibilidad (PPD): pagos trimestrales desde la puesta en servicio provisoria de cada tramo hasta la terminación del contrato.
• Pagos Vinculados al Tráfico (PVT): pagos variables sujetos a la demanda de tráfico en los tramos comprendidos, que serán abonados luego de la emisión de la última puesta en servicio provisoria.

Impacto

El proyecto beneficiará a aproximadamente 1.3 millones de personas que diariamente transitan el área metropolitana de Asunción, reduciendo hasta 30 minutos por viaje en cada tramo. Esta iniciativa marca un hito en la modernización de la infraestructura vial de Paraguay y abre oportunidades para el sector privado en proyectos de APP.

Para mayor información, por favor contacte a: Rodolfo G. Vouga (rgvouga@vouga.com.py); Manuel Acevedo (macevedo@vouga.com.py); Silvia Benítez (sbenitez@vouga.com.py); Lucas Rolón (lrolon@vouga.com.py); Yvo Salum (ysalum@vouga.com.py).