El Congreso tendrá como tarea abocarse al estudio de doce proyectos de ley presentados por el Ejecutivo para reforzar el marco legal anticorrupción en Paraguay. Esta iniciativa es parte del plan estratégico del Estado paraguayo que incorpora nuevos objetivos y acciones para superar con éxito la evaluación del cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre los avances en la Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, cuyos resultados se conocerán en el año 2020.
La intención es evitar que Paraguay ingrese nuevamente en la Lista Gris de países no cooperantes a nivel internacional. Recordemos que Paraguay logró ser excluido de esta Lista Gris en el año 2012. Al mismo tiempo, el objetivo es ajustar la legislación nacional a la “Convención Interamericana contra la Corrupción” y la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, ratificadas por Paraguay en 1996 y 2005, respectivamente.
Asimismo, estos proyectos están en sintonía con las políticas de transparencia de gestión para el combate a la corrupción en la administración pública, lo cual incluyó la creación de la Secretaria Nacional Anticorrupción (SENAC) en el 2012.
Los proyectos tienen un amplio alcance, abarcando cuestiones institucionales y estructurales, ajuste y creación de tipos penales, medidas para mayor transparencia y establecimiento de procedimientos más efectivos. Los proyectos fueron fruto del trabajo interinstitucional que contó con la participación de representantes de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, el Banco Central del Paraguay, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, el Ministerio Público y del ámbito privado, contó con la participación de la Asociación de Bancos del Paraguay, entre otros.
De los doce proyectos presentados, seis buscan la creación de nuevas leyes, cuyas principales características se resumen a continuación:
1. Proyecto de ley “Que crea la Secretaría de Inteligencia Financiera y establece el Sistema de Prevención y Mitigación de Riesgos de Realización de Actos Destinados al Lavado de Activos”, modificando la Ley 1.015/97 “De Prevención de Lavado de Dinero y Activos”.
Tiene por objeto reemplazar a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), actual unidad de inteligencia financiera del país. La nueva Secretaría tendría claras facultades para organizar internamente su funcionamiento.
2. Proyecto de ley “Por el cual se crea el procedimiento especial para laaplicación del comiso, el comiso especial, el comiso autónomo y la privación de beneficios y ganancias”.
Busca atacar el patrimonio de organizaciones delictivas en el entendimiento que constituye una manera efectiva de afectar sus operaciones, más allá del juzgamiento a sus miembros que hayan podido ser identificados en las investigaciones.
3. Proyecto de ley “Que crea el Registro de Beneficiarios Finales de la República del Paraguay”.
Cumpliendo con una de las recomendaciones del GAFI, esta ley permitiría el control efectivo de los beneficiarios finales de las personas jurídicas en Paraguay y la conformación de un único registro de información que hoy se encuentra disperso en varios registros.
4. Proyecto de ley “Que previene, tipifica y sancionalos hechos punibles de cohecho transnacional y soborno transnacional”.
Tiene por objeto implementar lo estipulado en las Convenciones de las Naciones Unidas e Interamericana contra la Corrupción mediante la adecuación de la legislación actual en la materia, ampliando los tipos penales para incluir a funcionarios públicos extranjeros y de organizaciones internacionales.
5. Proyecto de ley “Por el cual se establece el procedimiento para la recepción y difusión de las listas de sanciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como la inclusión y exclusión de personas físicas o jurídicas”.
Además de cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Paraguay, busca establecer el procedimiento para la recepción y difusión de estas sanciones entre de las entidades competentes, así como el procedimiento y los criterios para la inclusión y exclusión de personas físicas y jurídicas en las mismas.
6. Proyecto de ley “Por el cual se crean juzgados penales de garantías, de ejecución penal, tribunales de sentencia, tribunales de apelación penal y agentes fiscales especializados en lavado de dinero, narcotráfico, secuestro, financiamiento del terrorismo, corrupción, crimen organizado.”
Tiene como fin que estos hechos punibles económicos cuenten con juzgados y tribunales especializados y con un mejor control mediante la centralización del tratamiento de estos hechos punibles considerados transnacionales, teniendo en cuenta que los juzgados tendrán su asiento en la Capital, con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional. Esto descomprimiría la carga laboral de los jueces del fuero ordinario que para facilitar el diligenciamiento oportuno de estas causas.
Los otros seis proyectos de Ley restantes buscan establecer propuestas de la modificación de leyes ya existentes, tal cual se resume a continuación:
1. Modificación de disposiciones de la Ley 1.160/97 “Código Penal”.
Busca modificar las normas existentes sobre comiso y establecer nuevos hechos punibles como precedentes de lavado de dinero, tales como la manipulación de mercado, y cohecho y soborno privados. Así, se pretende también proteger la credibilidad de los inversores en nuestro incipiente mercado de valores y también extender las figuras de cohecho y soborno al ámbito privado.
2. Modificación del artículo 3 de la Ley 5.895/17 “que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones”.
La Ley 5895/2017 dispuso el fin de las sociedades con acciones al portador en Paraguay. Este proyecto busca modificar el artículo 3 para establecer expresamente la fecha límite para el canje de dichas acciones y aclarar las sanciones en caso de incumplimiento.
3. Modificación del artículo 46 de la Ley 5.876/17 “De administración de bienes incautados y comisados”, para reorganizar la forma en que deben distribuirse los bienes incautados y decomisados, entre la SENABICO (organismo especializado en la administración de bienes incautados y decomisados), el Ministerio Público, la SEPRELAD (o su proyectado reemplazo), la Secretaría Nacional Antidrogas, la Policía Nacional y proyectos de rehabilitación de adictos y reinserción social, y proyectos de prevención de lavado de activos, crimen organizado, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y narcotráfico.
4. Modificación de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 4.024/10 “que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo”
Inserta cambios en las figuras penales, aumentando las penas e incorporando los hechos punibles de reclutamiento y adoctrinamiento, combatiente terrorista en el extranjero y apología del terrorismo.
5. Modificación de la Ley 4.503/11 “de inmovilización de fondos o activos financieros”
Pretende ajustar los procedimientos en sede jurisdiccional que deben seguirse en los casos de observancia de indicios de que los fondos o activos pudiesen estar vinculados con el financiamiento del terrorismo, de armas de destrucción masiva, actos de terrorismo o asociación terrorista.
6. Derogación del artículo 3 de la Ley 4.673/12, suprimiendo la prejudicialidad en los hechos punibles vinculados a asuntos tributarios.
Persigue incluir los delitos fiscales como delitos determinantes del lavado de dinero, eliminando la prejudicialidad en los hechos punibles vinculados a asuntos tributarios. Así, este proyecto también busca dar lucha a la informalidad en la economía paraguaya.
En Latinoamérica y el mundo, se produjo en los últimos años una mayor conciencia sobre los efectos negativos del fenómeno de la corrupción, dándose origen a iniciativas para promover que los Estados adopten medidas para fortalecer la integridad de los sistemas de gestión pública y privada. Varios países ya han apostado por instrumentos propios que promueven la adopción de programas de cumplimiento y códigos de conducta por parte de las empresas.
En este contexto, estas reformas legales presentadas resultan necesarias para fortalecer la economía nacional, mejorar la confianza y la credibilidad del Paraguay frente a la comunidad internacional logrando así aumentar la inversión extranjera, presentando a Paraguay como un mercado más confiable, más transparente y más competitivo, todo lo cual redundaría en mayor empleo.
Si necesita más informaciones sobre estos proyectos o temas relacionados a compliance, por favor no dude en comunicarse con Rodrigo Fernandez (rfernandez@vouga.com.py) y Mariel Molas (mmolas@vouga.com.py), como también sobre asuntos legales bancarios o financieros con Georg Birbaumer (gbirbaumer@vouga.com.py).
