Autor: dev_

Resumen ejecutivo:

El Poder Ejecutivo emitió el Decreto N° 8.175/2022 (el “Decreto”) en fecha 7 de noviembre de 2022, por medio del cual se amplió el listado de compras de bienes y servicios que generan crédito fiscal deducible para la determinación del Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) para las personas físicas que prestan servicios personales de manera independiente.

El Decreto permite utilizar como crédito fiscal el 30% del IVA incluido en las facturas de compra de alimentos; así como el 50% del IVA incluido en las facturas de arrendamiento de inmueble y de provisión de servicios básicos, utilizados conjuntamente para la prestación del servicio gravado (oficina, entre otros) y para uso personal (vivienda, entre otros).

También se agregan, aclaran o limitan otros conceptos que dan lugar a la utilización del crédito fiscal del IVA. El Decreto tiene vigencia desde el 9 de noviembre de 2022, ya que fue publicado por el Poder Ejecutivo en la Gaceta Oficial N° 217 de fecha 8 de noviembre de 2022. Por ello, recién a partir de ese momento los contribuyentes pueden aplicar sus disposiciones en las liquidaciones del IVA.

Más información:

Por medio del Decreto, el Poder Ejecutivo modificó el artículo 19 del Decreto N° 3.107/2019, que reglamentó el IVA. Específicamente, el Decreto amplió los conceptos que permiten a las personas físicas que prestan servicios personales gravados por este impuesto, utilizar como crédito fiscal el IVA soportado en la compra de bienes y servicios afectados de manera directa o indistinta a operaciones gravadas por el impuesto.

Esta ampliación en el listado de bienes y servicios susceptibles de generar crédito fiscal del IVA surgió como reacción del Poder Ejecutivo a la actual contienda legislativa entre las Cámaras de Diputados y Senadores (Expediente Legislativo D-2164401) sobre la ampliación de la deducibilidad del crédito fiscal del IVA de los prestadores de servicios personales.

Al respecto, la Cámara de Diputados buscaba que se pueda utilizar como crédito fiscal el 100% del IVA de prácticamente todas las compras, mientras que la Cámara de Senadores pretendía establecer las mismas limitaciones del Decreto. Finalmente, hace pocos días prevaleció la versión de la Cámara de Diputados, la que estaba pendiente de ser remitida al Poder Ejecutivo, el cual ya había adelantado su decisión de vetar esta ley.

De esta forma, el Poder Ejecutivo ha transcripto en el Decreto el texto del proyecto de modificación legislativa de la Cámara de Senadores, con lo cual espera que su veto prevalezca y así quede zanjada esta discusión.

• Nuevos conceptos deducibles

De acuerdo con el Decreto, el contribuyente del IVA ahora puede utilizar como crédito fiscal en sus liquidaciones del IVA:

(i) El 30% del crédito fiscal del IVA soportado en la compra de alimentos realizados a nombre del contribuyente, incluidas las bebidas no alcohólicas.

(ii) El 50% del crédito fiscal del IVA soportado por el arrendamiento de oficina, si el contribuyente utiliza además el inmueble arrendado para su uso particular. Si lo utiliza exclusivamente para oficina, puede utilizar el 100% del crédito fiscal.

(iii) El 50% del crédito fiscal del IVA soportado por servicios de suministro de energía eléctrica, provisión de agua, alcantarillado, recolección de residuos o servicios de telecomunicaciones, utilizados parcialmente para la prestación del servicio gravado por el IVA y para el uso particular del contribuyente.

Es importante tener en cuenta que el crédito fiscal del IVA por estos conceptos puede ser utilizado por los contribuyentes recién a partir de la entrada en vigor del Decreto; es decir, desde el 9 de noviembre de 2022, y no antes.

• Aclaraciones sobre la deducción de otros conceptos

El Decreto también ofrece más detalles sobre la utilización del crédito fiscal del IVA soportado en algunos conceptos ya contemplados anteriormente, a la vez que incluye nuevos conceptos y establece ciertos límites, conforme a lo siguiente:

(i) Cuando el contribuyente contrate medicina prepaga y la cobertura incluya a otras personas, éste podrá utilizar el crédito fiscal del IVA en la proporción que corresponda al mismo. No queda claro si esta proporción se define en función al número de afiliados o por el monto pagado por cada uno.

(ii)Se agrega la utilización del IVA pagado con la compra de servidores, así como equipos informáticos y de telecomunicaciones, incluido su mantenimiento.

(iii)Se incluye también como crédito fiscal del IVA a soportado por la contratación de servicios de publicidad y marketing.

Por último, el Decreto también menciona la posibilidad del contribuyente de deducir hasta el 30% del crédito fiscal del IVA soportado por la compra de autovehículos, que es el límite establecido en el artículo 88 de la Ley N° 6.380/2019; a la vez que aclara que la utilización del crédito fiscal del IVA debe guardar relación con los ingresos obtenidos por el contribuyente y no por terceros ajenos a la obligación tributaria.

Resumen ejecutivo:

Norma	Contenido	Fecha
Decreto N° 7.806	Se prorroga hasta el 31 de octubre de 2022 el plazo de vigencia del régimen especial del Impuesto Selectivo al Consumo (“ISC”) para la importación de ciertos combustibles derivados del petróleo	14 de Septiembre 2022
Decreto N° 7.807	Se modificó la base imponible del ISC para la importación del Gas Oíl/Diésel Tipo I, que quedó en G. 5.546 por litro, hasta el 30 de septiembre de 2022	14 de Septiembre 2022
Resolución General N° 119	La Subsecretaría de Estado de Tributación (“SET”) reglamenta la forma de presentación de la solicitud de exoneración tributaria de equipos, aparatos, artículos e implementos deportivos a ser empleados en el marco de los XII Juegos Sudamericanos Asunción 2022	07 de Septiembre 2022
Resolución General N° 120	La SET actualiza la nómina de contribuyentes sujetos a la jurisdicción de la Dirección General de Grandes Contribuyentes y de la Dirección General de Recaudación y de Oficinas Regionales	08 de Septiembre 2022

Más información:

► Decreto N° 7.806/2022 – Prórroga del régimen especial del ISC para la importación de ciertos combustibles derivados del petróleo

Por medio del Decreto N° 6.620/2022, el Poder Ejecutivo fijo, de manera transitoria, las bases imponibles del ISC para la importación y comercialización de los siguientes combustibles derivados del petróleo:

Producto	Base Imponible
Gas Oíl/Diésel Tipo III	G. 2.388,9 por litro
Nafta Virgen	G. 3.045,6 por litro
Nafta RON 91	G. 6.033,3 por litro

Originalmente estas bases imponibles iban a estar vigentes solo durante febrero de 2022, pero luego se fue prorrogando su vigencia de manera mensual, a razón de un decreto por mes. Pues bien, el Decreto N° 7.806/2022 es la última de estas prórrogas hasta la fecha, extendiendo hasta el 31 de octubre de 2022 la vigencia de dichas bases imponibles.

► Decreto N° 7.807/2022 – Modificación temporal de la base imponible del ISC para la importación y comercialización de Gas Oíl/Diésel Tipo I

El Poder Ejecutivo modificó la base imponible del ISC aplicable a la importación y comercialización del Gas Oíl/Diésel Tipo I, que quedó establecida en G. 5.546 por litro. Este régimen del ISC tuvo vigencia hasta el 30 de septiembre de 2022.

► Resolución General N° 119/2022 – Se reglamenta la forma de presentación de la solicitud de exoneración de tributos a la importación de bienes a ser empleados en el marco de los XII Juegos Sudamericanos Asunción 2022

Por medio de esta Resolución General, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) reglamentó la presentación de la solicitud de exoneración del IVA para la importación de bienes a ser empleados en los XII Juegos Sudamericanos a ser desarrollados en Asunción, la cual debe realizarse a través del perfil de la Entidad Deportiva Contribuyente en el Sistema de Gestión Tributaria Marangatú, utilizando su clave de acceso confidencial.

Para poder realizar la solicitud, la Entidad Deportiva Contribuyente debe estar al día con el cumplimiento de la presentación de sus declaraciones juradas determinativas e informativas, así como el pago de sus obligaciones tributarias. Se deben adjuntar con la solicitud, los documentos indicados en la referida Resolución General N° 119/2022.

La SET tiene dos días hábiles posteriores al ingreso de la solicitud para analizar formalmente la presentación, a los efectos de darle trámite o rechazarla. Si la SET rechaza la solicitud, el contribuyente puede presentarla nuevamente sin limitación. Desde la admisión formal de la solicitud, la SET tiene veinte días hábiles para denegarla o aprobarla por medio de la resolución respectiva.

► Resolución General N° 120/2022 – Se actualiza la nómina de contribuyentes sujetos a la jurisdicción de la Dirección General de Grandes Contribuyentes y de la Dirección General de Recaudación y de oficinas regionales

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) actualizó la nómina de contribuyentes bajo la competencia de la Dirección General de Grandes Contribuyentes, y de la Dirección General de Recaudación y de Oficinas Regionales.

A partir del 01 de octubre de 2022, los contribuyentes señalados en las listas del Anexo I de la Resolución General quedan afectados a la categoría de “Grandes Contribuyentes” y, por ende, sujetos a la competencia de la Dirección con ese nombre.

Desde la misma fecha, los contribuyentes señalados en el Anexo II de la Resolución General quedan afectados a la categoría de “Medianos Contribuyentes” y, por ende, bajo la competencia de la Dirección General de Recaudación y de Oficinas Regionales [1].

Los contribuyentes cuyo número del Registro Único del Contribuyente (“RUC”) no figura en ninguno de los anexos de la Resolución General, permanecen en la categoría en la que se encuentran actualmente, sin cambios en la competencia de la Dirección General de la SET que los administra.

Si desea conocer si usted o su organización se ven afectados por esta Resolución, puede consultar el listado completo de contribuyentes en el siguiente buscador.

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[1] Los anexos I y II de la Resolución General N° 120/2022, pueden encontrarse en el siguiente enlace: https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?folder-id=repository:collaboration:/sites/PARAGUAY-SET/categories/SET/Normativas/resoluciones/2022&content-id=/repository/collaboration/sites/PARAGUAY-SET/documents/2022/normativas/resoluciones/Resolucion%20General%20N%C2%BA120-22%20Anexo.xlsx

El pasado 10 de agosto de 2022, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), emitió la Resolución 324/2022 (“Resolución”), por la cual se dispone la entrada en vigor del ¨II Programa de Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH)¨ y se aprueba la guía para presentar la solicitud de participación al PPH, de acuerdo a lo convenido con las demás oficinas que integran el Sistema de Cooperación en Propiedad Intelectual Prosur-Prosul, del que forman parte, entre otros, la Oficina de Patentes de Argentina (INPI), de BRASIL (INPI), de Chile (INAPI), Colombia (SIC).

Es importante mencionar que el PPH tiene como base el principio Mottainai, según el cual se permite que, cuando la Oficina de Examen Anterior (OEA) haya evaluado la patentabilidad de una solicitud de patente de invención, la Oficina de Examen Posterior (OEP) garantizará al solicitante poder contar con el beneficio de un examen acelerado de la solicitud de la que se trate. Este beneficio será otorgado siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Resolución y el PPH.

La entrada en vigor del PPH constituye un hito importante en el desarrollo del sistema de patentes paraguayo ya que, de esta manera, los solicitantes de patentes en Paraguay que ya cuenten con examen de patentabilidad de una OEA podrán beneficiarse de una tramitación acelerada de su expediente y tendrán la posibilidad de obtener en un plazo reducido la patente de invención. Esto es sumamente relevante si tenemos en cuenta el retraso acumulado que sistemáticamente tienen los expedientes de patentes en la DINAPI.

El PPH tendrá una extensión de cinco (5) años.

Para conocer el alcance de la Resolución, haz click en el siguiente enlace:

https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/assets/archivos-pdf/Guia-Anexo-Procedimiento-PPH-072022-.pdf

Para más información acerca de la Resolución y otros temas relacionados a Patentes y Propiedad Intelectual, por favor contactar con Laura Lezcano (llezxano@vouga.com.py), Manuel Acevedo (macevedo@vouga.com.py) Grecia Florentín (gflorentin@vouga.com.py) y Stephanie Medina (smedina@vouga.com.py)

El prestigioso directorio Inglés “International Financial Law Review” (IFLR1000 – Euromoney), especializado en Derecho Financiero y Corporativo publicó la edición 2022 del ranking IFLR1000 de Paraguay, en el cual VOUGA ABOGADOS se destaca, una vez más, como firma TIER 1 en el área de “Financial and Corporate” [(Financiero y Corporativo)] y Active en el área de “Project Development” [(Desarrollo de Proyectos)]. De este modo, VOUGA ABOGADOS se posiciona una vez más como uno de los tres únicos estudios jurídicos paraguayos rankeados en las más altas categorías en todas áreas de análisis de nuestro mercado.

Además, destacamos que nuestra Firma es la Firma paraguaya con el mayor número de rankings individuales de profesionales en éste directorio, con un total de 8 abogados rankeados. Los Socios Rodolfo Vouga Müller, Perla Alderete, Cynthia Fatecha, Rodolfo Guillermo Vouga y Carlos Vouga, y los Asociados Georg Birbaumer, Walter David Vera y Andrés Vera han sido individualmente reconocidos en sus respectivas áreas de especialización.    

Publicados por primera vez en 1990, los rankings de The IFLR1000 incorporan una clasificación de abogados y estudios jurídicos categorizados por área de práctica y jurisdicción —que incluyen revisiones del desempeño de las firmas, fortalezas, comentarios de clientes y colegas y ejemplos de sus trabajos— y una base de datos de transacciones en línea, además de noticias y análisis sobre el mercado legal.

De manera muy especial queremos agradecer a nuestros clientes por haber depositado su confianza en nuestra Firma en estos tiempos tan excepcionales y a nuestro equipo de profesionales por su compromiso y ética de trabajo. Sin ustedes éste nuevo éxito no hubiera sido posible.

Para más información sobre el ranking, haga click en el siguiente enlace: 

https://www.iflr1000.com/Jurisdiction/Paraguay/Rankings/98#rankings

El pasado 18 de julio de 2022, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 6919/2022 (“Ley 6919”) que deroga la Ley Nº 6355/2019 (“Ley 6355”). Esta última había extendido la obligación de presentación de declaraciones juradas de bienes y rentas (“Declaraciones Juradas”) de los funcionarios y empleados públicos, a los accionistas, directores, socios gerentes o similares (“Accionistas y Directores”) de empresas y entidades que sean contratistas o concesionarias del Estado, así como toda persona o jurídica que, de algún modo, contrate, preste un servicio o realice una obra para el Estado.

Con la entrada en vigor de Ley 6919 los Accionistas y Directores de las empresas que pretendan participar de procesos licitatorios para contratar con el Estado ya no estarán sujetos a la obligación de presentar las Declaraciones Juradas. Ello trae aparejado una reducción sustancial de los costos y de los trámites burocráticos a los que estas empresas estaban sometidas cuando aún estaba en vigor la Ley 6355.

Para más información acerca de las novedades introducidas por la Ley 6919, por favor, póngase en contacto con Mirtha Dos Santos (mdsantos@vouga.com.py) o con Sebastián Silva (ssilva@vouga.com.py) 

En los últimos años y debido en gran medida a la declaración de pandemia por Covid-19 que afectó a todo el mundo desde principios del año 2020, el desarrollo e implementación de las nuevas tecnologías para la comunicación e información en el ámbito laboral se han acelerado exponencialmente.

Estas nuevas herramientas han permitido mantener miles de puestos de trabajo y garantizar el cumplimiento de compromisos y obligaciones por parte de las empresas que, de otra manera, no podrían haberse llevado a cabo durante los meses de encierro. Han representado una herramienta valiosísima en varios aspectos tanto para las empresas como para sus colaboradores. No obstante, plantean también algunos problemas que resulta importante analizar y observar, como son los relacionados al tiempo de trabajo efectivo.
 
El establecimiento de las jornadas de trabajo han sido producto de históricas reivindicaciones de los trabajadores y constituyen hasta hoy una de las conquistas más valiosas obtenidas a través de los años. El ser humano se había dado cuenta durante su desarrollo y evolución que, ante el aumento de labores por cuenta ajena y nuevos métodos de producción y fabricación, se hacía necesario limitar el tiempo de trabajo a fin de establecer un ordenamiento laboral para no menoscabar otros derechos fundamentales de las personas.
 
La regulación de las jornadas de trabajo contribuyó así significativamente a resolver problemas relacionados con el equilibrio entre la vida laboral y personal, preservar la salud, el bienestar y la seguridad de los trabajadores.

La duración de las jornadas de trabajo desde su establecimiento formal luego de la Primera Guerra Mundial con la firma del Tratado de Versalles que estableció jornadas de 8 horas al día o 48 horas semanales, y unos meses después con la firma del denominado “Convenio Sobre las Horas de Trabajo -industria- de 1.919” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que estableció el límite de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales -6 días laborales a la semana para las industrias-, se fueron  adoptando en todos los países y se han mantenido más o menos invariables hasta nuestros días.

En Paraguay el Código de Trabajo[1] establece como duración de la jornada ordinaria una jornada que no puede exceder de 8 horas diarias y 48 horas semanales cuando el trabajo es diurno, ni de 7 horas diarias o 42 horas semanales cuando el trabajo es nocturno. La jornada mixta (que abarca periodos de tiempo comprendido entre la jornada diurna y nocturna) no puede tener una duración superior a 7,5 horas diarias, o 45 horas semanales. Es potestad del empleador distribuir las jornadas de trabajo y organizar los horarios, respetando 10 (diez) horas de descanso entre jornadas.
 
Transcurrido el período de duración de la jornada normal de trabajo (nocturnas, diurnas y/o mixtas) el empleador está obligado a abonar al trabajador en concepto de horas extras. El trabajo en horas extras no puede exceder de 3 horas diarias, ni sobrepasar el total de 9 horas semanales.

Los trabajos que por su naturaleza pongan en peligro la salud o la vida de los trabajadores no pueden exceder de 6 horas diarias, o 36 horas semanales. Todo trabajador tiene derecho a 1 (un) día de descanso semanal que normalmente deb ser en domingo. La irrupción de las nuevas tecnologías y la globalización han traído consigo, por un lado, grandes ventajas, pero por el otro, algunos problemas por ej. relacionados a la desconexión laboral o desconexión digital.
 
Es una realidad que debe administrarse considerando el gran avance de la tecnología, estamos permanentemente conectados e intercomunicados, informados de lo que ocurre en cualquier lugar del planeta prácticamente en tiempo real. Más que nunca la regulación del tiempo de trabajo y el tiempo de descanso cobra una importancia trascendental, y vuelve a convertirse en centro del debate como lo fue hace muchos años, antes del establecimiento de las jornadas de trabajo.

La legislación paraguaya ha recogido esta preocupación en la “Ley sobre el Teletrabajo”[2], en razón precisamente de la facultad que se otorga a las partes -trabajadores y empleadores- para pactar una distribución flexible de la jornada laboral, condicionando la flexibilidad al respeto de los límites de la carga horaria diaria y semanal establecida por el Código de Trabajo vigente[3].  

Uno de los puntos más significativos de la Ley es precisamente el reconocimiento del “derecho a la desconexión del trabajador”, estableciendo que el trabajador tiene derecho a la desconexión por lo menos 12 (doce) horas continuas diarias, no estando obligado durante este tiempo a responder comunicaciones, órdenes u otros requerimientos, así como tampoco está obligado a hacerlo en días de descanso, permisos o feriados. La vida privada del trabajador, sus tiempos de descanso y reposo de la familia deben ser respetados por el empleador.

Si bien la normativa sobre desconexión laboral está vigente, en la práctica su cumplimiento dista mucho de ser efectivo a la fecha.

Las nuevas tecnologías no se detienen, nuevos equipos, nuevas actualizaciones, traen nuevas formas y maneras en el ámbito laboral, podemos trabajar prácticamente desde cualquier lugar y en cualquier tiempo.

Si bien la presión, la inmediatez y la urgencia son factores comunes a este tiempo de digitalización y automatización, es importante no perder de vista que para garantizar calidad de vida y equilibrio entre vida laboral y vida personal se requerirá siempre de un tiempo de trabajo y un tiempo de descanso, de una organización y ordenación que permita que el ser humano pueda desarrollarse en todos los ámbitos de su vida.

[1] Ley 213/93 modificado por ley 496/95.’
[2] Ley N° 6738/21.-
[3] Ley 213/93 modificado por ley 496/95.

Mediante la Resolución N° 7 de fecha 13 de noviembre de 2019, el Banco Central del Paraguay incluyó como sujetos regidos por la Ley de Bancos a los Otorgantes de Crédito Dinerario (los “OCD”). Luego, a través de la Resolución SB. SG. N° 132 de fecha 26 de diciembre de 2019 se creó el registro de “Otorgantes de Crédito Dinerario/Casas de Crédito”. Por medio de la Resolución N° 4 de fecha 16 abril de 2020, se estableció que a partir del 1 de abril de 2021, podrán ejercer en territorio paraguayo las actividades de conceder préstamos dinerarios, otorgar financiación a través del descuento de cheques y/o de órdenes de compra u otras modalidades similares o actuar en la administración de cartera de créditos, con recursos financieros propios o con financiamiento que no representen captación de depósitos de terceros, únicamente las personas físicas y/o jurídicas inscriptas en el “Registro de Otorgantes de Crédito Dinerario / Casas de Crédito”.

Con la Resolución más reciente, la Resolución N° 30 del 31 de marzo de 2022 (la “Resolución N° 30”) el Directorio del Banco Central del Paraguay aprueba el “Reglamento para Otorgantes de Crédito con recursos propios o de terceros que no representen Captación de Depósitos – Reglamento de Transparencia Informativa e Integridad de la Gestión”, el cual entrará a regir a partir del 1 de septiembre de 2022.

La Resolución N° 30 establece las condiciones y los requisitos de divulgación de información a los que deberán adecuarse las personas físicas y jurídicas que actúan en el mercado crediticio con recursos propios o de terceros que no representan captación de depósitos, así como las exigencias mínimas y los criterios que deberán cumplir para el cobro de comisiones, gastos y penalidades.

El Reglamento será aplicable a las personas física y jurídicas, que de forma habitual concedan préstamos dinerarios, otorguen financiamiento a través del descuento de cheques, órdenes de comprar o modalidades similares, o que actúen en la administración de carteras de crédito, ya sea con recurso propio o de terceros, siempre y cuando no representen captación de depósitos.

El OCD deberá poner a disposición en todo momento a través de un sitio web habilitado para ello, toda la información relevante y actualizada, que pudiera ser utilidad a los clientes. Sin embargo, aquellos OCD que sean personas físicas que no cuenten con un sitio web podrán cumplir este requisito mediante folletos explicativos a ser entregados a los clientes. La información a ser divulgada deberá ser la siguiente: Política de Gestión Integral de Riesgos, Política de Gestión de Créditos, Tarifario de Precios y Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo.

Los OCD deberán ser claros y transparentes en el cobro de comisiones, gastos, penalidades y en la operativa de otorgamiento del crédito. Para ello deberán considerar los siguientes puntos:

a)    Las comisiones y gastos deben corresponder a un servicio identificado, efectivamente brindado y solicitado por el cliente.

b)    Para el cobro de penalidades por modificaciones contractuales, las mismas deberán estar previstas en el contrato y además no deben contravenir las disposiciones legales en materia de defensa del consumidor.

c)    Si los servicios prestados no generan costos, no podrá trasladarse monto alguno al cliente.

d)    Si por las características del producto o servicio ofrecido, una prestación es esencial para el mismo y el producto o servicio no puede ser ofrecido sin esta prestación, no podrá efectuarse cobro por comisiones, gastos y penalidades asociadas a dicha prestación.

e)    Toda suma cobrada al cliente por comisiones, gastos o penalidades deberán tener una justificación técnica y razonable a disposición del BCP, quién podrá solicitar esta información.

f)     Los OCD deberán clasificar las comisiones, gastos y penalidades en las categorías y denominaciones que resulten aplicable a los préstamos, según el Anexo de la Resolución N° 2 Acta 60 de fecha 31 de agosto de 2015 del BCP.

g)    Si las comisiones, gastos, costos o penalidades no se encuentran en el listado de categorías y denominaciones, los OCD deberán presentar ante la Superintendencia de Bancos una justificación técnica para su aprobación.

h)    Serán consideradas cargos que constituyan tasa de interés, aquellas comisiones, gastos o penalidades que no estén incluidas en el listado de categorías y denominaciones o que no cumplan los criterios y principios básicos sobre comisiones, gastos y penalidades aprobados por el BCP.

Los OCD deberán además tener en cuenta que el contrato deberá especificar el detalle y las condiciones de la operación de crédito. El OCD deberá indicar al cliente de manera clara y gratuita, el importe de cualquier costo, el importe del crédito, vencimiento, tasa de interés, comisión, gasto y/o penalidad que este asociado al crédito, previamente a la firma del contrato. Luego de recibir esa información, el cliente podrá? desistir de la operación sin cargo alguno.

Los OCD que ofrezcan productos o servicios a través de su página web, plataformas o aplicaciones, deben asegurarse de que una vez solicitada una operación por el cliente, se le proporcione el detalle de la tasa de interés, y de todas las comisiones, gastos y/o penalidades, relacionados al producto o servicio. El cliente debe tener la opción de aceptar o rechazar la operación. En caso de que este detalle no fuere exhibido, no se podrá realizar cobro alguno al cliente. También se debe facilitar al cliente los mecanismos para dar de baja el producto o servicio.

La Resolución N° 30 también establece que es obligación del OCD que compra cartera de créditos asegurarse que se haya producido la notificación a los deudores o clientes de la operación de compra de cartera de crédito, dentro de los 5 días de formalizada la operación, mediante instrumento auténtico.

Un tema pendiente con los OCD es la prevención de lavado de activos, el BCP y la SEPRELAD se encuentran en una etapa preliminar de inscripción de las entidades en el registro de la Superintendencia de Bancos para establecer un plan de cómo afrontar la regulación y la supervisión de los OCD. Por el momento, se desconoce la existencia de una normativa específica en materia de lavado de activos aplicable a las entidades reguladas por la Resolución N° 30.

Además de las resoluciones anteriormente mencionadas, hay otras resoluciones que los OCD deben considerar, entre ellas la Resolución N° 2 de fecha 20 de mayo de 2021 que aprueba el reglamento de reclamos y consultas y la Resolución N° 16 de fecha 20 de enero de 2022 que establece los estándares para un buen gobierno corporativo.

Para mayor información con relación a esta regulación u otros temas relacionados con Banking & Finance, por favor póngase en contacto con Carlos Vouga (cvouga@vouga.com.py) o Georg Birbaumer (gbirbaumer@vouga.com.py).

El Banco Central del Paraguay (“BCP”) dictó, el pasado 17 de mayo de 2022, a través del Acta N° 26, la Resolución N° 1 que aprueba y pone en vigencia el “Reglamento General de los Sistemas de Pagos del Paraguay (SIPAP)”. Con esta nueva resolución también se abrogan otras resoluciones anteriores que regulaban la materia, entre ellas, la Resolución N° 1, Acta N° 67 de fecha 27 de diciembre de 2012 el “Reglamento General de los Sistemas de Pagos del Paraguay”, el antiguo reglamento SIPAP, la Resolución N° 24 de Acta N° 54 de fecha 25 de agosto de 2011 “Proyecto de modernización de los Sistemas de Pagos del Paraguay – Red alternativa para los Sistemas de Pagos y Valores del BCP”, entre otras.

Esta nueva resolución que reglamenta el SIPAP trae consigo innovaciones que la diferencian del reglamento anterior y ayudan a modernizar el Sistema de Pagos del Paraguay. Uno de los principales cambios es la previsión del servicio del Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) que funcionará las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  Otra novedad es la obligatoriedad de los participantes del SIPAP de facilitar a sus clientes los servicios relacionados con la posibilidad de movilizar fondos entre su entidad y cualquier otra entidad participante en el SIPAP y prever que estos servicios sean autogestionados por los clientes, vía Home Banking, Aplicaciones (APP) u otro similar.

Además, un tema modificado que afecta la responsabilidad de los participantes es el de los plazos de acreditación. Anteriormente la responsabilidad del participante receptor en el cumplimiento de la acreditación al cliente regía desde el momento en que el participante receptor recibía la transacción del SIPAP, ahora la responsabilidad del participante beneficiario en el cumplimiento de la acreditación al cliente rige desde el momento en que el participante beneficiario recibe la notificación del SIPAP.

Asimismo, el nuevo reglamento establece que el BCP podrá establecer un tarifario por la prestación de los servicios ofrecidos por el SIPAP, el cual será definido a través de una resolución del Directorio.

Complementariamente a la nueva resolución, recientemente, por medio de la Resolución C.G. 053/2022 del 20 de mayo de 2022, el BCP estableció que, en el Sistema ACH, el importe límite de transferencia de crédito individual de una instrucción dentro de un lote sea de guaraníes quinientos millones (PYG 500.000.000). Además, el BCP estableció que el tiempo máximo en el cual el participante beneficiario debe enviar la respuesta de autorización o rechazo al SPI es de 40 segundos y que el tiempo máximo en el que el participante beneficiario debe acreditar los fondos en la cuenta del cliente beneficiario es de 5 segundos.

Para mayor información con relación a esta regulación u otros temas relacionados con Banking & Finance, por favor póngase en contacto con Carlos Vouga (cvouga@vouga.com.py) o Georg Birbaumer (gbirbaumer@vouga.com.py).

Alcanzamos un hito importante para nuestro cliente Paracel y para la República del Paraguay: el otorgamiento de la primera licencia de co-generación de energia que otorga el Gobierno a una empresa privada. El próximo paso es la firma del power purchase agreement (PPA, por sus siglas en inglés) entre Paracel y la Administración Nacional de Electricidad – ANDE.

Esta será la primera vez que el Estado paraguayo, a través de la ANDE, comprará energía eléctrica de una empresa privada.
#paraguayRodolfo VougaManuel Acevedo Scappini

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Con el fin de seguir apoyando a las empresas paraguayas que buscan generar un triple impacto (social, ambiental y económico) en nuestra sociedad. A través de su departamento especializado Vouga Venture Capital Advisors (Vouga VCA), Vouga Abogados ha firmado en mayo una alianza con Sistema B Paraguay, representante local del Movimiento B, con el objetivo de que las Empresas B nacionales puedan acceder a ciertos servicios (personalizados de acuerdo con sus necesidades) que son ofrecidos por
el estudio. 

En complemento a esta alianza, Rodolfo G. Vouga, Georg Birbaumer y Cecilia Vera, participaron como invitados de un webinar organizado por Sistema B, para explicar en detalle a los participantes los beneficios y servicios a los que podrán acceder a través de esta unión. 

Desde Vouga Abogados estamos orgullosos de poder contribuir al crecimiento y consolidación de la Comunidad de Empresas B en Paraguay. 

Para mayor información sobre la alianza, contactar con Vouga VCA (vca@vouga.com.py) Georg Birbaumer (gbirbaumer@vouga.com.py) o Cecilia Vera (cvera@vouga.com.py).