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Por medio de la Resolución N° 346 de fecha 21 de mayo de 2024 (la “Resolución”), el MTESS resolvió establecer el manual de procedimiento de inspección y fiscalización laboral que está como anexo de la Resolución (el “Manual”). Esta disposición deja sin efecto el procedimiento general anterior de inspección para el control de la legislación laboral, de seguridad social y de seguridad y salud ocupacional. Los puntos más relevantes del Manual son los siguientes:

1. Disposiciones generales

Regula el procedimiento para la planificación y el desarrollo de la inspección y fiscalización del cumplimiento de las normas laborales, de seguridad social y de salud y seguridad ocupacional, así como la detección de las infracciones que conlleven la ulterior instrucción de un sumario administrativo; con la finalidad de formalizar el empleo no registrado y proteger y promover el empleo decente.

2. Establecimiento de un Sistema de Turnos

La Dirección General de Inspección y Fiscalización de Trabajo (“DGIFT”) deberá implementar un sistema de turnos para la designación de inspectores de trabajo. Este sistema establecerá cobertura durante los fines de semana, días inhábiles y en horario nocturno, con el objetivo de atender casos urgentes que requieran una intervención inmediata.

3. Inicio del Procedimiento de Inspección y Fiscalización

El procedimiento de inspección y fiscalización puede iniciarse de las siguientes formas:

1. De oficio
2. Por denuncias particulares: Estas pueden ser nominales o anónimas.
3. Por denuncias gremiales o sindicales
4. A petición de organismos o entidades públicas
5. Por requerimiento fiscal o judicial

4. Causales de Desestimación

Una denuncia, petición o requerimiento puede ser desestimado si:

1. Los hechos no constituyen incumplimientos de normas laborales, de seguridad social, o de salud y seguridad ocupacional.
2. Los hechos denunciados deben ser investigados por otra área del MTESS o por otra repartición estatal.
3. La denuncia es una reiteración ya resuelta o en vía de resolución por el Ministerio.
4. Existe cualquier otro motivo fundado para la desestimación.

La desestimación debe ser fundamentada y procederá el archivo sin formación de expediente.

5. Procedimiento de Inspección

En caso de que se estime una denuncia, petición o requerimiento, dentro de los tres días hábiles, la DGIFT debe realizar los trámites necesarios para la emisión de la Orden de Inspección y Fiscalización (“OIF”). Esta orden de inspección deberá contener:

• Número de orden.
• Fecha de emisión.
• Datos de los inspectores designados y, en su caso, de otros funcionarios técnicos autorizados.
• Identificación concreta de la empresa.
• Normas laborales, de seguridad social y de salud y seguridad ocupacional cuyo cumplimiento será fiscalizado.
• Firma de la autoridad competente.

6. Plazo de validez de Orden de Inspección y Fiscalización

La OIF tendrá un plazo de validez de 20 días hábiles computados desde su fecha de emisión. Una vez expirado el plazo se produce a la caducidad automática. En casos de que se produzca la caducidad, el DGIFT deberá fundar la razón por la que no se dio la inspección y solicitar una nueva orden.

7. Plazos del Procedimiento de Inspección

El plazo del procedimiento de inspección no puede exceder 120 días corridos, contados desde el Acta de Visita hasta la emisión del Informe Final o el Acta de Infracción.

8. Reglas para el Cómputo del Plazo

Para el cómputo del plazo establecido se aplicarán las siguientes reglas:

• Si la actuación se inicia mediante visita al centro de trabajo, el cómputo comenzará desde la fecha de la primera visita.
• Si la actuación se inicia por una orden judicial o a causa de una obstrucción en la primera visita, el cómputo empezará a partir de la fecha de la visita con dicha orden.

9. Visita de Inspección y Fiscalización

Los inspectores, con la OIF, están autorizados a realizar inspecciones sin previa notificación, a cualquier hora, respetando siempre la inviolabilidad del domicilio. Al iniciar la visita, deben comunicar su presencia al empleador, presentar la OIF y su credencial, y entregar una copia simple de la OIF.

10. Proceso de Inspección

1. Ingreso: Contar visualmente a los trabajadores y solicitar planillas o extractos de relojes de marcación para verificar horarios y cantidad de trabajadores.
2. Recorrido: Recorrer el establecimiento para observar las condiciones de trabajo y verificar lugares específicos.
3. Entrevista: Identificar a los trabajadores y mantener entrevistas sobre las condiciones de trabajo, seguridad social y salud ocupacional.
4. Medios de Prueba: Tomar fotografías, grabar videos, levantar croquis, obtener muestras de sustancias y materiales, y otros medios de prueba necesarios.
5. Revisión Documental: Los inspectores solicitarán in situ al empleador, su representante o persona a cargo, la exhibición y copia de la documentación laboral, de seguridad social y de salud y seguridad ocupacional obligatoria. Si la empresa no dispone de estos documentos en el lugar de trabajo, los inspectores fijarán en el Acta de Visita una fecha y hora para la comparecencia en sede administrativa, que deberá ser dentro de los cinco días hábiles siguientes, para la presentación de los documentos originales y sus copias en formato físico o digital

11. Incomparecencia o la no acreditación debida de documentos

La incomparecencia del empleador o su representante debidamente acreditado a la audiencia en sede administrativa fijada en esta etapa, así como la falta de presentación de la documentación requerida durante la visita, supondrán la presunción de incumplimientos de la normativa laboral vigente y se labrará Acta de Infracción, específicamente con respecto a la documentación que no haya sido exhibida y agregadas las copias respectivas.

12. Suspensión total o parcial de las actividades laborales

Si durante el transcurso de la visita se detectara que algún incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo implique, a juicio de los inspectores, un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, labrarán Acta suspensión total o parcial de las actividades laborales en el local de la firma inspeccionada, hasta tanto sean adoptadas las medidas de prevención o protección adecuadas. La suspensión no exime a la empresa del pago de los salarios a los trabajadores.

13. Plazo de suspensión

La resolución que disponga la suspensión total o parcial de las actividades laborales establecerá el plazo dentro del cual deberán tomarse las medidas pertinentes, el cual no podrá ser superior a 30 (treinta) días corridos. En la misma se hará referencia a los riesgos y las medidas a ser adoptadas, con base en la normativa aplicable. Esta resolución será notificada a la empresa en formato físico o digital dentro de las 48 (cuarenta y ocho horas) horas de haber sido emitida.

14. Levantamiento de la Suspensión de Actividades Laborales

Transcurrido el plazo previsto en la resolución de clausura temporal, o antes si el empleador alegara haber adoptado las medidas adecuadas de prevención o protección, los inspectores designados en la Orden de Inspección y Fiscalización verificarán la implementación de estas medidas en el local respectivo. Tras la verificación, labrarán un acta de constitución y enviarán un informe al Director General de Inspección y Fiscalización de Trabajo o al Director de Fiscalización Laboral, Salud y Seguridad Ocupacional, dentro de las 48 horas siguientes.

En caso de constatarse la adopción de las medidas necesarias, el Viceministro de Trabajo comunicará a la Máxima Autoridad del MTESS para que dicte la resolución correspondiente, disponiendo el levantamiento de la medida de suspensión.

Si no se verificara la adopción de las medidas adecuadas, se dictará una resolución que prorrogue la suspensión hasta que se subsane la situación.

15. Actas de Visita y Requerimiento de Subsanación

Al finalizar la visita, los inspectores deben labrar por duplicado el Acta de Visita, entregando un ejemplar al empleador o su representante. Antes de abandonar el lugar de trabajo, los inspectores procederán a la lectura a viva voz del contenido del Acta de Visita en presencia del empleador, su representante o persona a cargo, y un representante de los trabajadores si existe un sindicato o comité de trabajadores. Se invitará al empleador a firmar el acta; en caso de negativa, se dejará constancia sin afectar la validez del acta.

Si se verifican irregularidades, se labrará un Acta de Requerimiento de Subsanación especificando las deficiencias observadas y los requerimientos efectuados. Si la irregularidad detectada es la falta de inscripción al seguro social, el inspector podrá requerir inmediatamente que se libre oficio al Instituto de Previsión Social para registrar a los trabajadores de oficio.

16. Constatación del Cumplimiento de los Requerimientos de Subsanación

Transcurrido el plazo para la subsanación de deficiencias, se constatará in situ el cumplimiento y se verificarán las documentaciones respaldatorias correspondientes. En caso de incumplimiento, se labrará Acta de Infracción y se procederá a comunicar al Director General de Inspección y Fiscalización de Trabajo para los trámites respectivos para la suspensión temporal de actividades laborales si es necesario.

17. Conclusión del Procedimiento de Inspección

Una vez concluidas todas las actuaciones inspectoras, los inspectores deben finalizar el procedimiento con un Informe Final de Inspección o un Acta de Infracción dentro de 15 días hábiles desde la última actuación practicada.

• Informe Final de Inspección: Se eleva si no se detectan irregularidades o no se pueden determinar los hechos que motivaron la emisión de la OIF.
• Acta de Infracción: Se labra si se detectan irregularidades en la presentación de documentos o incomparecencia del empleador. Se remitirá el expediente a la Dirección de Asesoría Jurídica del Viceministerio de Trabajo para el dictamen respectivo y posterior instrucción del sumario administrativo.

Este contenido tiene únicamente fines informativos generales y no debe ser considerado como asesoría legal puntual. Si precisa asesoramiento específico no dude en contactarnos.

Compartimos la grabación del conversatorio sobre el Convenio para evitar la doble imposición firmado entre Paraguay y España. Evento organizado por el Capítulo de Paraguay de la International Fiscal Association, en el que participó como speaker nuestro asociado senior Horacio Sánchez Pangrazio, y contó con la participación de Oscar A. Orué, Director Nacional de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, además de destacados profesionales nacionales e internacionales.

Through Resolution No. 20 Minute No. 19 dated May 9, 2024, the Central Bank of Paraguay established transitory measures to support the productive sector affected by adverse impacts of nature. This measure will be in effect until September 30, 2024.

Those loans granted to the sectors affected by the reasons set forth in the preceding paragraph and related to agricultural and livestock activities will not incur in arrears because the calculation of the term will be interrupted. The computation of the term will be interrupted in the formalization of renewals, refinancing or restructuring of the principal, including accrued interest and other charges. In the case of major risks, a prior analysis will be required to ensure its financial viability.

In the case of operations with terms of more than 2 years that require partial renegotiations, it will not be necessary to cancel the entire operation, and the debt may be renewed, refinanced or restructured by applying the originally constituted guarantees to the new agreement.

For this purpose, the financial entities must constitute provisions on the balance of the portfolio benefited by the transitory measure, in the same currency of the operation and for a percentage equivalent to the established provisioning regime. The provisions must be released gradually and in accordance with those of the immediately lower category, for each 20% of capital amortization of the portfolio benefited by this measure.

The provisions must be constituted on the value of the total debt according to the following classification:

Category	Percentage of provisions
1a	0,5%
1b	1,5%
2	5%
3	25%
4	50%
5	75%
6	100%

The deferral of the charges generated by the forecasts will be gradually recognized over a period of no more than 24 months.

Financial institutions may no longer consider verifiable losses arising from adverse weather effects as "transitory financial weaknesses" or "reasonable doubts about the repayment of the credit" for the purposes of the risk classification. This exception does not apply in cases where the default justifies a more rigorous classification of the debtor.

 For the purposes of debtor classification, loans benefiting from these special measures will be treated separately when assessing customer risk.

Financial institutions must submit monthly to the Superintendency of Banks the list of customers benefiting from these measures.

Through Resolution No. 5 Act No. 13 dated April 4, 2024, the Superintendency of Banks updated the Basic Savings Account Regulation (the "Regulation"), replacing the previous regulation approved by Resolution No. 25 Act No. 51 dated July 18, 2013.

The basic savings account is a product that offers the possibility of accessing financial services in an affordable manner and adjusted to the needs of a greater number of people. This product does not require a minimum opening amount or minimum average maintenance balance, the opening process is simple and can be done in person or remotely. In addition, it is exclusively for use in local currency, although it allows receiving remittances from abroad, which are credited in local currency at the exchange rate of the transaction date.

It is important to point out that the maximum amount of monthly accreditations may not exceed the equivalent to the limit applicable to the Simplified Regime of Due Diligence in the knowledge of clients, established by the Secretariat for the Prevention of Money or Asset Laundering. The monthly limit is set at three legal minimum wages (currently, the sum amounts to Gs. 8,041,119, approximately USD 1,097). In some cases, the financial institution may choose to establish a monthly limit of six minimum wages (currently, the sum amounts to Gs. 16,082,238, approximately USD 2,194), provided that the client completes the Identification Form and submits proof of income. In addition, only one basic savings account per person will be allowed in each supervised institution.

The Regulation establishes that users of a basic savings account may make: (i) deposits and/or accreditations at no cost at ATMs and Non-Bank Correspondents ("NBC"); (ii) at least, up to four monthly withdrawals at no cost at ATMs and NBC; (iii) unlimited transactions through the Paraguay Payments System; (iv) at least, up to two monthly balance inquiries at no cost at ATMs and NBC; and, (v) access the account statement for the last six months, at least, in an unlimited manner and at no cost.

Through Circular No. 02 dated May 10, 2024, the Secretariat for the Prevention of Money or Asset Laundering ("SEPRELAD") addressed the Obliged Subjects ("SO") under the natural supervision of the Superintendence of Insurance to communicate that the Integrated Operations Reporting System ("SIRO") does not yet have an objective reporting module for the insurance sector. However, SEPRELAD mentioned that its development is in the process of study and analysis.

SEPRELAD recommended the affected SOs are encouraged to continue submitting their monthly logs via email. SEPRELAD will report any progress in due course.

Through Resolution No. 16 Act No. 18 dated May 2, 2024, the Board of Directors of the Central Bank of Paraguay (“BCP”) amended articles 6 and 15 of the Regulations for the Issuance, Operation and Administration of Credit and Debit Cards (the “Regulations”).

Regardless of whether they have commercial agreements with card issuing participants, the Payment Service Provider (“PSP”) must follow the indications set forth in the Regulations when settling card transactions.

In cases where there is a commercial agreement between the PSP and the issuing participants, it is the responsibility of the PSP to take the necessary administrative measures to guarantee the settlement of the obligations arising from the use of the cards and to calculate the net positions resulting from the transactions carried out at the affiliated merchants. Settlement will be remitted through the Real-Time Gross Settlement feature (“RTGS”).

In the cases where there is no commercial agreement, the issuing participants must make the necessary arrangements so that the funds related to the card transactions are available to the PSP within a maximum of 2 business days after the sale transaction has been carried out. In turn, the PSP must transfer the funds to the beneficiary merchants within a maximum period of 2 business days. These transfers must be made through the Automated Clearing House feature (“ACH”). 

Through Resolution No. 15 Minute No. 24 dated May 30, 2024, the Board of Directors of the Central Bank of Paraguay ("BCP") issued the Regulation of Loan Portfolio Sale Operations of Supervised Entities (the "Regulation"). This Regulation is applicable to financial institutions supervised by the BCP, subject to Law No. 861/96 "General Law on Banks, Financial and Other Credit Institutions" and its amendments, as well as to other entities that are supervised by the BCP in accordance with special laws.

The loan portfolio is the set of loans, of any nature, current and/or mature. The loan portfolio sale includes the transfer of all rights, accessories, privileges, as well as the enforcement of the title, if any.

The sale may be financed or paid in full. In the case of payment in full sales, the maximum settlement period will be up to 72 hours, counted from the assignment or accounting movement of the portfolio and up to the effective collection of the sale.

Supervised entities must include the sale of a loan portfolio in their policies and include it in their business plan and annual budget, analyze each sales contract and ensure that, if the sale is made to a natural or legal person operating in the financial market, it is registered in the registry of the Superintendency of Banks ("SIB"). In addition, they must ensure that the portfolio to be sold meets the requirements of the credit risk classification rules. The Regulation prohibits supervised entities to establish portfolio return clauses in their agreements between the parties for periods exceeding 45 days after the sale transaction is formalized, and to provide all the information required by the SIB.

In addition, the minimum content of loan portfolio sales contracts is foreseen in the Regulation. The obligation to keep informed to the Information Center those debtors assigned for at least 3 years after the sale of the credit must be included. These contracts must be available to the SIB.

In cases where the sale is made with a related party of the supervised entity, the transaction must be carried out only as payment in full and the communication to the SIB must be submitted within 10 business days from the execution of the contract, including all the information required in the Regulation. Likewise, in cases where the sale is made with a non-related party of the supervised entity, the communication of the transaction must be made within 10 business days from the date of execution the contract, regardless of whether it is a payment in full or credit sale.

The supervised entity must inform the assigned debtor or co-debtors about the sale made within 10 working days from the date of signing the contract and, in no case, may it carry out any collection management on its own behalf or on behalf of third parties, assuming the character of manager or agent.

In addition, supervised entities must apply the rules for the prevention of Money Laundering, Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons ("AML/FT/FP") related to the proper administration, management and mitigation of AML/FT/FP risk.

In the event of non-compliance with the provisions set out in the Regulation, supervised entities shall be subject to the penalties provided therein.

Through Resolution No. 5 Minute No. 20 dated May 17, 2024, the Board of Directors of the Central Bank of Paraguay (“BCP”) approved the execution of the “Digital Economy” Pilot Program (“Program”), which will oversee the Superintendency of Banks.

The Program is focused on supporting Micro, Small and Medium-sized Enterprises (“MSMEs”), with the objective of advancing in the modernization and optimization of financial transactions. This Program offers multiple benefits, both for the sponsoring and participating entities, such as improvements in the efficiency and security of transactions, reduction of risks and costs associated with payments, among others.

All financial institutions supervised by the BCP are eligible to participate voluntarily and at no cost. Entities interested in joining the program must send the application and participation form to the BCP. Within two working days of receiving the application, the BCP will confirm the registration and participants will be required to develop a work plan.

The work plan should be detailed and include activities such as education and training of MSME members, conducting an initial diagnosis of current payment methods and developing a strategy for the transition to electronic payments. Interested entities will execute their work plan, monitoring progress in the implementation of electronic payments.

Interested entities must sponsor at least eight MSMEs located in any of the country's six most populated departments or districts. However, they may propose an alternative location, if it is adequately justified in terms of contribution to the objectives of the program.

The duration of the Program will be 1 year for companies that do not have an account in the financial system and 6 months for those that already do.

MSMEs interested in participating must submit a letter of commitment signed by their representatives, committing to participate as sponsored companies.

Both sponsored companies and participating entities may receive certifications recognizing their successful adaptation to electronic payment systems. Sponsored companies may receive distinctions or recognitions from the participating entities, and participating entities with outstanding quantitative performance will receive distinctions from the Project Committee.

Vouga Abogados advised Azeta Group, one of the most important economic conglomerates in the country and active in various sectors of the economy, in the acquisition of 50% of the capital stock of Biggie S.A., the first and largest chain of 24-hour convenience stores.

This transaction represents a significant milestone for Azeta Group, as will integrate this business among other retail activities. Also, this is one of the largest (if not the largest) acquisitions so far in 2024.

Vouga's team, led by partners Rodolfo G. Vouga and Perla Alderete, together with senior associate Cecilia Vera and associates Belén Rodriguez, Camila Dutra, and Lie Kawamura, advised the acquiring party on all aspects of the transaction, from structuring to closing. This included due diligence, drafting and negotiation of the transaction documents, financing, and regulatory approvals.

Furthermore, the National Competition Commission (CONACOM) has unconditionally approved the transaction during phase 1 of its evaluation. Vouga Abogados was responsible for the notification process before CONACOM on behalf of both parties. The partners Rodolfo G. Vouga and Rodrigo Fernández de Nestosa led Vouga team, with the support of senior associate Cecilia Vera and associate Lie Kawamura.

En la sesión de fecha 22 de mayo de 2024 se otorgó media sanción al proyecto de ley modificado que establece distintos permisos para trabajadoras gestantes y multas para empleadores quienes incumplan la Ley:

1. Las trabajadoras embarazadas tienen derecho a ausentarse de su lugar de trabajo para asistir a sus consultas de control o estudios necesarios para el cuidado de la madre e hijo en gestación.
2. Desde el momento en que el empleador haya sido notificado del embarazo de la trabajadora, será nulo el preaviso y el despido comunicado a la trabajadora.
3. Las trabajadoras embarazadas deberán coordinar con el empleador las consultas de manera previa a fin de no interrumpir, en lo posible, el normal funcionamiento de la empresa.
4. Las ausencias laborales justificadas con el certificado o constancia correspondiente expedida por el médico se computarán como trabajadas, no pudiendo ser descontadas del salario o remuneración.
5. En caso de que la trabajadora deba ausentarse de su lugar de trabajo a consecuencia de enfermedad y/o indisposición, que, según certificación médica, deba su origen al embarazo y la incapacite para reanudar sus labores, esta podrá acogerse a lo previsto en la Ley N° 6738/2021 “QUE ESTABLECE LA MODALIDAD DE TELETRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA”
6. El MSPyBS, IPS, sanatorios, consultorios privados y los médicos tratantes están obligados a expedir las constancias o certificados médicos de las consultas y estudios por embarazo, las cuales deben reflejar el nombre y apellido de la paciente embarazada, fecha y hora de la consulta, semana de embarazo y tipo de control o consulta.
7. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la ley, serán sancionadas con multas de aproximadamente Gs 5.154.550 (USD 710 aproximadamente) a Gs 10.309.100 (USD 1.420 aproximadamente) conforme a la gravedad de la falta y en caso de reincidencia dicho monto se duplicará.

Este artículo tiene únicamente fines informativos generales y no debe ser considerado como asesoría legal puntual. Si precisa asesoramiento específico no dude en contactarnos.