Por medio de la Resolución MTESS N° 462/2026 (la “Resolución”), el MTESS reglamenta el “Libro de Información Laboral” previsto en el Decreto N° 1989/2024, consolidando en formato digital la información laboral que los empleadores deben registrar obligatoriamente

Entre los principales aspectos se destacan los siguientes:

1. Sujetos obligados.

La obligación aplica a todos los empleadores inscriptos en el REOP cuya relación con los trabajadores se encuentre regida por el Código del Trabajo y las leyes laborales complementarias.

Los Libros deberán llevarse mensualmente y en formato digital.

2. Plataforma y confección de los Libros.

La confección, confirmación y rectificación de los Libros deberá realizarse a través del sistema REOP.

Asimismo, la Resolución dispone que los Libros serán confeccionados automáticamente a partir de las comunicaciones laborales ya realizadas por el empleador conforme al Decreto N° 1989/2024. El empleador podrá complementar información antes de confirmar los Libros.
 

3. Contenido.

El Libro deberá contener información mensualizada respecto de cada trabajador y establecimiento patronal (casa matriz y sucursales), incluyendo datos relativos a:

• Identificación del trabajador;
• Relación laboral;
• Jornadas de trabajo;
• Remuneraciones;
• Horas extraordinarias;
• Vacaciones, y;
• Aguinaldo.

4. Confirmación y validez.

La confirmación de los Libros será obligatoria para su validez y tendrá carácter de declaración jurada ante el MTESS.

La confirmación podrá realizarse:

• Manualmente por el empleador, en forma mensual o anual, hasta el último día hábil de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal correspondiente, o;
• Automáticamente, cuando el empleador haya cumplido con las comunicaciones mensuales de liquidaciones salariales de los 12 meses del año.

5. Rectificación de los libros.

Una vez confirmados, los Libros no podrán modificarse. Sin perjuicio de ello, el empleador podrá presentar un “Libro de Información Laboral Rectificado” para agregar, modificar o suprimir información.

La rectificación deberá realizarse dentro del plazo de 30 días corridos desde la confirmación mensual.

6. Incumplimiento y sanciones.

El incumplimiento se configurará cuando el empleador no haya confeccionado y confirmado los Libros en el sistema REOP, como consecuencia de no haber realizado las comunicaciones requeridas durante los 12 meses del ejercicio fiscal.

La Resolución establece las siguientes multas conforme al artículo 385 del Código del Trabajo:

• 10 jornales mínimos para empleadores con hasta 30 trabajadores;
• 20 jornales mínimos para empleadores con entre 31 y 50 trabajadores, y;
• 30 jornales mínimos para empleadores con más de 50 trabajadores.

El pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación de llevar los Libros.

7. Seguridad y validez legal de los documentos digitales.

La Resolución dispone que los Libros deberán contar con mecanismos de seguridad electrónica que garanticen la integridad de la información.

Asimismo, los empleadores podrán descargar los Libros desde el Sistema REOP y estos tendrán plena validez legal, siempre que se garantice su autenticidad e integridad.

8. Implementación gradual.

La obligatoriedad para el periodo fiscal 2025 será implementada gradualmente hasta el 28 de agosto de 2026, conforme a la terminación del número patronal.

9. Certificado laboral y cancelación del REOP.

A partir del 1 de junio 2026, la emisión del Certificado Laboral exigirá que el empleador se encuentre al día con la confirmación mensual de los Libros de Información Laboral.

Asimismo, los empleadores que soliciten la cancelación de su REOP deberán encontrarse en cumplimiento con dicha obligación hasta la salida del último trabajador.

Consulte la resolución aquí.

Este contenido tiene únicamente fines informativos generales y no debe ser considerado como asesoría legal puntual. Si precisa asesoramiento específico no dude en contactarnos.

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Se trata de un leading case cuya génesis se remonta al año 2002, cuando COMPASA promovió una primera demanda de indemnización de daños y perjuicios, en la que obtuvo una condena contra Petróleo Brasileiro S.A. y Petrobras Distribuidora S.A. (hoy Vibra Energía S.A.), ambas sociedades extranjeras, condena que fue oportunamente cumplida. No obstante, años después, COMPASA promovió una segunda acción indemnizatoria contra las mismas firmas, dando origen al proceso que culmina con el reciente fallo de la Corte, en el cual se fijan criterios de alto impacto para la práctica contractual y procesal.

La decisión de la Corte Suprema

La Corte Suprema rechazó los recursos de nulidad y apelación interpuestos por COMPASA y confirmó el Acuerdo y Sentencia del Tribunal de Apelación, que había revocado la condena dictada en primera instancia —superior a USD 40 millones— y rechazado la demanda.

El fallo concluye que el contrato de distribución no se encontraba vigente al momento de promoverse la segunda demanda de COMPASA. En ese contexto, la Corte reafirmó que reclamar una indemnización bajo los parámetros de la Ley N.º 194/93 implica, por su propia naturaleza, situarse jurídicamente en el terreno de la extinción contractual, lo que torna improcedente una acción posterior por daños derivados de un vínculo inexistente.

Cosa juzgada y congruencia

El pronunciamiento también ofrece un desarrollo relevante sobre el alcance de la cosa juzgada, precisando que esta recae únicamente sobre la parte dispositiva del fallo firme anterior —la condena indemnizatoria ya ejecutada— y no se extiende automáticamente a los considerandos ni a las premisas argumentales que no constituyeron objeto autónomo del litigio.

Asimismo, la Corte descartó cualquier violación al principio de congruencia, validando que el tribunal inferior haya valorado la primera demanda como antecedente probatorio relevante, a fin de interpretar sus efectos jurídicos sobre la vigencia del contrato y la conducta ulterior de las partes.

Intervención de Vouga Abogados

Vouga Abogados intervino en representación de Petróleo Brasileiro S.A., uno de los codemandados, en primera instancia del proceso. En dicha etapa se delinearon los argumentos centrales de la defensa y se sentaron las bases jurídicas y probatorias que posteriormente fueron recogidas por las instancias superiores para rechazar la demanda.

Sobre la base de fundamentos diversos, que valoraron los argumentos de la defensa y la prueba producida en el proceso, el Tribunal adoptó por unanimidad el fallo definitivo, rechazando el recurso de apelación y, en consecuencia, la demanda, lo cual fue confirmado por la Corte

Un precedente de alto impacto

Este fallo se consolida como un precedente relevante para la práctica contractual y litigiosa en Paraguay, al:

• Reafirmar los efectos jurídicos de accionar bajo la Ley N.º 194/93, considerando que su invocación importa situarse en el terreno de la extinción del vínculo contractual.
• Delimitar con precisión el alcance de la cosa juzgada material, circunscribiéndola a la parte dispositiva del fallo anterior y excluyendo fuerza vinculante a consideraciones argumentales.
• Confirmar la improcedencia de acciones indemnizatorias cuando el propio accionar previo conduce a tener por extinguido el contrato, descartando la posibilidad de reclamar daños bajo la premisa de una vigencia contractual incompatible con ese encuadre.
• Fortalecer la coherencia entre la conducta procesal y el principio de los actos propios, impidiendo que una parte sostenga, en juicios sucesivos, posiciones jurídicamente inconciliables.

Las empresas extranjeras con distribuidores en Paraguay se ven protegidas con este fallo que desanimará prácticas abusivas invocando la Ley N.º 194/93.

Desde Vouga Abogados, nuestro equipo de litigios con amplia experiencia en controversias de alta complejidad acompañó este proceso desde su etapa inicial, participando activamente en la construcción de los argumentos jurídicos y probatorios que resultaron determinantes para el desenlace del litigio. El fallo ratifica la importancia de una estrategia procesal consistente, técnicamente sólida y sostenida en el tiempo, especialmente en controversias contractuales complejas y de alto impacto económico.

Ref.: Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, “COMPASA c/ Vibra Energía S.A. y otros”, sentencia de fecha 30 de marzo de 2026

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Mensaje clave:

“La salud y la seguridad de las personas constituyen la máxima prioridad.”

“Las declaraciones deben ser veraces y estar basadas en hechos comprobables.”

Consideraciones Generales

Actualmente los consumidores recurren con mayor frecuencia a formular denuncias ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) por lo cual las empresas deben estar capacitadas para actuar con rapidez, precisión y responsabilidad en el afrontamiento de la situación.

Las primeras acciones precisas ayudan a responder eficazmente ante el propio consumidor, el ente administrador, a la vez que protege la reputación de la marca cumpliendo con las disposiciones de la normativa regulatoria Ley Nº 1334/98 que establece los derechos del consumidor en Paraguay y regula las obligaciones de los proveedores.

En efecto, una denuncia ante la SEDECO incorrectamente gestionada representa un riesgo legal y reputacional para cualquier empresa. Una respuesta tardía o inadecuada puede derivar en sanciones, pérdida de confianza y daño a la marca. La empresa ante hechos que afecten a sus consumidores debe contar una hoja de ruta clara y precisa, para actuar con eficacia y responsabilidad.

Qué hace SEDECO y marco legal aplicable

SEDECO es la autoridad nacional encargada de proteger los derechos de los consumidores en Paraguay. Recibe denuncias, investiga, solicita documentación, realiza inspecciones y puede imponer sanciones. La Ley Nº 1334/98 establece que los proveedores deben garantizar la calidad, seguridad y veracidad de los productos y servicios ofrecidos. Las sanciones pueden incluir multas, medidas correctivas, suspensión de actividades y publicación de alertas públicas.

Acciones preliminares recomendadas que debería ejecutar la empresa ante un reclamo o denuncia de un consumidor (Checklist)

Como primera medida, es recomendable: tener un responsable de recibir y canalizar internamente la recepción de la denuncia interna del consumidor y en su caso la notificación remitida por la SEDECO.

Preservar evidencia técnica y documental.

Notificar el caso inmediatamente a la Gerencia y al Departamento de Comunicación, Legales o el asesor jurídico interno.

Activar plan de respuesta a incidentes (los colaboradores, deben contar y conocer necesariamente las acciones seguir en caso de una crisis e identificar a quien o quienes recurrir inmediatamente).

Revisar denuncia con abogado experto.

Aplicar medidas técnicas de mitigación

Si se requiere, por una sola vía, emitir comunicado institucional público veraz y empático.

Contactar a consumidores afectados.

Preparar el informe formal requerido por la SEDECO.

Documentar cada acción y medida tomada.

Revisar políticas internas y capacitar al personal en materia del Derecho del Consumidor y manejo de crisis ante estas situaciones (reclamos o denuncias).

Cuál es el procedimiento ante la SEDECO. ¿Que esperar? 

El procedimiento establecido para el trámite de las denuncias ante la SEDECO se realiza de manera electrónica para lo cual se requiere la fijación de un domicilio electrónico (correo electrónico) tanto para el CONSUMIDOR como para la EMPRESA afectada.

La SEDECO admite la denuncia presentada por el CONSUMIDOR y notifica a la empresa involucrada quien deberá presentar su informe detallado y pormenorizado del caso en un plazo perentorio de cinco (5) días. A la par se fija una audiencia de conciliación entre las partes.

De no llegarse a un acuerdo entre las partes o una conciliación (entre el consumidor y la empresa), el caso, se eleva con todos los antecedentes al Departamento Jurídico de la SEDECO, quien analizará la correspondencia o no del inicio de un sumario administrativo. La elevación de la denuncia a la apertura de un sumario administrativo ya constituye un proceso que producirá la aplicación de una sanción si se comprueba la existencia de una violación de la ley.

Qué evitar

• No borrar evidencia ni registros.
• No emitir comunicados sin verificación de hechos o conocimiento pormenorizado de la situación. La comunicación siempre debe ser por un solo canal o vía institucional
• No involucrar o culpar a terceros sin evidencias concretas.
• No ignorar notificaciones de SEDECO ni exceder plazos.

Es esencial tener presente

Una denuncia ante SEDECO donde la empresa y la reputación de la marca este en juego y aún cuando se considere que la controversia no reviste gravedad, requiere una respuesta rápida, legalmente sólida y comunicacionalmente responsable. La protección de la marca depende de la capacidad de actuar con transparencia, preservar evidencia y cooperar con las autoridades. Esta guía ofrece las herramientas necesarias para enfrentar el proceso con eficacia y minimizar riesgos.

Si precisa mayor asesoramiento sobre estos temas estaremos gustosos de apoyarlo en nuestro departamento de Solución de Controversias, a cargo del equipo procesal:

Mirtha Dos Santos, mdsantos@vouga.com.py

Elio Agüero, eaguero@vouga.com.py

Marcela Dos Santos, madsantos@vouga.com.py

Silvia Benitez, sbenitez@vouga.com.py

Sebastián Silva, ssilva@vouga.com.py

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El proyecto constituye la primera planta industrial a gran escala del mundo dedicada a la producción de fertilizantes bajos en carbono, con una capacidad anual proyectada de 260.000 toneladas.

Nuestra asesoría incluyó due diligence legal bajo legislación paraguaya, estructuración corporativa y de la transacción, revisión y negociación de documentos transaccionales, análisis regulatorio, asesoramiento en aspectos locales vinculados al financiamiento y apoyo en el cierre de la operación.

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1. ¿Qué cambia con este nuevo régimen?

Tradicionalmente, el proceso migratorio implicaba una etapa previa de residencia temporal. Conforme a lo anunciado por las autoridades, este nuevo esquema permitiría, para quienes cumplan con los requisitos de inversión, acceder directamente a la residencia permanente, mediante un proceso más ágil y centralizado.

2. Opciones de inversión

El programa establece distintas alternativas para calificar, orientadas a sectores estratégicos:

• USD 150.000 en proyectos turísticos
• USD 200.000 en mercado de valores o sector inmobiliario

3. Beneficios anunciados

De acuerdo con la información oficial, el régimen prevé: Acceso directo a la residencia permanente, sin etapa intermedia

• Acceso al tratamiento fiscal aplicable a residentes, incluyendo una menor carga sobre dividendos frente a la aplicable a no residentes.
• Proceso mayormente digital, según lo informado por las autoridades
• Presencia física requerida principalmente para la emisión de la cédula de identidad
• Implementación anunciada de una ventanilla única que integraría diversas gestiones administrativas

4. Contexto

El lanzamiento responde a un contexto bastante evidente: Paraguay viene registrando un aumento sostenido en el interés de inversionistas extranjeros.

Con este programa, el país busca posicionarse como una jurisdicción más competitiva en la región, combinando:

• Costos relativamente bajos
• Marco fiscal atractivo
• Procesos migratorios simplificados

5. Lectura práctica

Desde una perspectiva práctica, el régimen apunta a facilitar la radicación de inversionistas que busquen estructurar su presencia en Paraguay con mayor previsibilidad en materia migratoria y administrativa.

6. Conclusión

El Paraguay Investor Pass representa una iniciativa relevante en el proceso de modernización del régimen migratorio vinculado a inversiones. Su implementación efectiva y eventual reglamentación serán determinantes para evaluar su alcance práctico y su impacto en la atracción de capital extranjero.

Este contenido tiene únicamente fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Para asistencia específica sobre la aplicación de esta normativa, no dude en contactarnos.

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En los conflictos relacionados con créditos y obligaciones financieras, el asesoramiento de un abogado que comprenda el negocio de su cliente y conozca las distintas alternativas jurídicas disponibles resulta fundamental. Cuando surgen dificultades en el cumplimiento de una obligación por parte del deudor, es importante que el acreedor conozca las distintas opciones disponibles antes de recurrir directamente a la vía judicial.

En este contexto, cuando existe voluntad de las partes, una de las alternativas posibles consiste en reestructurar el crédito, de manera que las nuevas condiciones reflejen la realidad económica actual de la operación y permitan un cumplimiento efectivo de la obligación.

Muchos conflictos vinculados a créditos terminan en juicio. Sin embargo, la experiencia demuestra que una gran parte de estas disputas podría gestionarse de manera más eficiente mediante un adecuado asesoramiento jurídico preventivo y una correcta estructuración de acuerdos de pago.

Este tipo de instrumentos permiten, por un lado, que el acreedor recupere su crédito y, por otro, que el deudor reorganice su obligación bajo plazos y condiciones que resulten razonablemente cumplibles conforme a su realidad comercial.

En el ámbito empresarial y financiero es frecuente que, por diversas circunstancias, una obligación crediticia o comercial entre en situación de mora. En estos casos, el desafío no siempre consiste únicamente en iniciar un reclamo judicial, sino en estructurar soluciones jurídicas que permitan ordenar la relación entre las partes, preservar el valor económico de la operación y otorgar seguridad jurídica hacia el futuro.

Dentro de este contexto, los reconocimientos de deuda y acuerdos de pago constituyen herramientas jurídicas especialmente útiles. Cuando están correctamente diseñados, permiten transformar una situación de incumplimiento en un esquema claro, ejecutable y jurídicamente sólido, que facilita la reorganización de la obligación y establece reglas precisas para su cumplimiento.

1. El abogado como asesor del negocio

Una de las claves en la estructuración de este tipo de acuerdos es comprender que el derecho no opera de forma aislada. Las obligaciones contractuales se desarrollan dentro de relaciones comerciales y estructuras financieras concretas, que deben ser entendidas para brindar un asesoramiento adecuado.

En este sentido, el abogado que interviene en este tipo de operaciones no se limita a redactar documentos jurídicos. Su función también consiste en comprender el negocio de su cliente, su dinámica comercial, su estructura financiera y los riesgos involucrados en cada operación.

Solo a partir de ese conocimiento es posible acompañar correctamente las decisiones comerciales y diseñar estructuras jurídicas que permitan avanzar en negociaciones o procesos de reestructuración de deuda sin comprometer la seguridad jurídica de la operación.

En muchas situaciones, el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre dos objetivos fundamentales:

a) permitir la viabilidad económica de la operación o la continuidad de la relación comercial;
b) preservar adecuadamente los derechos del acreedor.

Cuando el acuerdo está correctamente estructurado, ambos objetivos pueden alcanzarse simultáneamente.

2. La importancia de la correcta instrumentación jurídica

Uno de los aspectos más relevantes en este tipo de operaciones es la instrumentación jurídica del acuerdo. No basta con que exista un entendimiento comercial entre las partes: ese entendimiento debe traducirse en un documento jurídicamente sólido y conforme a la normativa aplicable.

Una correcta instrumentación permite:

1. dejar claramente determinado el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor;
2. estructurar planes de pago realistas y jurídicamente exigibles;
3. mantener o reforzar garantías reales o personales que respalden la deuda;
4. establecer cláusulas claras sobre mora, intereses, vencimiento anticipado y ejecución;
5. definir mecanismos precisos de comunicación, pago y jurisdicción aplicable.

La experiencia demuestra que muchos conflictos judiciales se originan en acuerdos mal documentados o incompletos, que generan incertidumbre sobre el alcance de las obligaciones o debilitan la posición jurídica de las partes.

Por esta razón, la calidad de la instrumentación jurídica resulta determinante para garantizar la eficacia real del acuerdo.

En este contexto, el asesoramiento jurídico preventivo adquiere una relevancia central. La intervención del abogado en etapas tempranas —durante la negociación, la reestructuración de una obligación o la definición de sus condiciones de pago— permite anticipar posibles escenarios de conflicto y estructurar instrumentos jurídicos que otorguen mayor previsibilidad y seguridad a las partes.

3. Preparar hoy el mejor documento para un eventual reclamo judicial

Existe además un aspecto que muchas veces se subestima: los acuerdos también deben estructurarse pensando en un eventual escenario de incumplimiento.

Un buen acuerdo no solo organiza el pago de una deuda; también debe estar diseñado para convertirse, si fuera necesario, en una herramienta jurídica eficaz para su ejecución judicial.

Desde la práctica en litigios, esto implica que el documento contemple cuestiones fundamentales como:

1. la claridad en el reconocimiento expreso e inequívoco de la deuda;
2. la correcta determinación de montos, plazos y condiciones de pago;
3. la preservación de garantías reales o personales que respalden la obligación;
4. la previsión de cláusulas de mora y vencimiento anticipado de plazos.

En el derecho paraguayo, la adecuada instrumentación del acuerdo puede permitir que el documento constituya título ejecutivo, conforme a lo previsto en el artículo 448 del Código Procesal Civil. No obstante, para que ello sea posible, el documento debe estar cuidadosamente estructurado y redactado, de manera a reunir los requisitos legales necesarios para su exigibilidad por la vía ejecutiva, ya que no cualquier acuerdo o documento resulta suficiente para promover un juicio ejecutivo.

En la práctica, esto implica que el acuerdo debe contener una obligación clara, expresa, líquida y exigible, correctamente documentada conforme a las exigencias legales aplicables. De lo contrario, el documento podría no reunir las condiciones necesarias para promover un juicio ejecutivo, obligando al acreedor a recurrir a un proceso declarativo previo, con las consecuentes demoras y costos adicionales.

Esto significa que, ante un eventual incumplimiento, el acreedor puede iniciar directamente un proceso ejecutivo para el cobro de la deuda, sin necesidad de atravesar previamente un proceso declarativo. En la práctica, contar con un título ejecutivo puede marcar una diferencia significativa en términos de eficiencia y rapidez en la recuperación del crédito.

4. La importancia de preservar garantías

En muchas reestructuraciones de deuda resulta igualmente importante analizar el mantenimiento o reforzamiento de las garantías existentes, tales como hipotecas, prendas, fianzas o codeudorías solidarias.

Una adecuada estructuración del acuerdo debe procurar preservar estas garantías o adaptarlas a las nuevas condiciones del crédito, de modo a mantener un respaldo jurídico adecuado de la obligación.

5. Evitar efectos jurídicos no deseados en la reestructuración

Asimismo, al estructurar este tipo de acuerdos debe prestarse especial atención a evitar efectos jurídicos no deseados, como una novación de la obligación original, salvo que ello sea expresamente buscado por las partes.

En muchos casos, el objetivo de la reestructuración consiste únicamente en modificar plazos o condiciones de pago, manteniendo vigentes las garantías y obligaciones originalmente asumidas.

Por esta razón, la redacción del acuerdo debe realizarse con precisión jurídica, de modo a reflejar adecuadamente la voluntad de las partes y evitar interpretaciones que puedan debilitar la posición jurídica del acreedor.

6. El valor del asesoramiento preventivo

En el ámbito empresarial, el asesoramiento jurídico preventivo sigue siendo una de las herramientas más valiosas —y muchas veces subestimadas— para la gestión de riesgos.

Contar con estructuras jurídicas sólidas desde el inicio de una operación o en una instancia temprana de renegociación permite reducir significativamente los conflictos futuros o, en su caso, afrontarlos con mayor seguridad jurídica.

Los clientes que incorporan el asesoramiento legal en la etapa de negociación, planificación y documentación de sus operaciones suelen encontrarse en una posición mucho más sólida frente a eventuales incumplimientos.

En definitiva, una buena estructura legal no solo resuelve conflictos. En muchos casos, comienza a evitarlos mucho antes de que aparezcan.

La entrada Estructuración de reconocimientos de deuda y acuerdos de pago: el valor del asesoramiento jurídico preventivo y estratégico se publicó primero en Vouga Abogados.

Durante el proceso, identificamos riesgos legales asociados al uso de imágenes con fines comerciales, particularmente en materia de derecho a la imagen (consentimiento de personas identificables, incluyendo menores) y utilización de activos protegidos del hotel (marca, diseño e identidad comercial). A fin de mitigar dichos riesgos, elaboramos un borrador de carta de autorización mediante la cual el hotel confirmaría contar con los derechos necesarios sobre las imágenes y con los consentimientos correspondientes, otorgando a la empresa un marco jurídico seguro para su utilización en la campaña.

Este caso refleja la importancia del cumplimiento digital preventivo, asegurando que las campañas online se desarrollen de manera segura y protegiendo la reputación de la marca en entornos digitales altamente visibles.

La entrada Cumplimiento digital en campañas promocionales en redes sociales se publicó primero en Vouga Abogados.

El objetivo principal del régimen es promover la formalización y el cumplimiento voluntario, permitiendo a los empleadores regularizar situaciones omitidas o deficientes sin aplicación inmediata de sanciones, antes de avanzar hacia etapas de control y cobro más gravosas.

A continuación, detallamos los aspectos más relevantes del Decreto:

1. Ámbito temporal del régimen

El régimen excepcional entra en vigencia desde la publicación del Decreto y se extiende hasta el 31 de agosto de 2026.

Finalizado este periodo, el MTESS deberá gestionar el cobro judicial de todas las deudas pendientes.

2. Obligaciones que pueden regularizarse sin multa

Durante este período, los empleadores podrán regularizar obligaciones pendientes sin aplicación de multas por mora, incluyendo:

• Inscripción en el Registro Obrero Patronal (casa matriz y sucursales)
• Comunicaciones laborales obligatorias, tales como:
  • Entrada y salida de trabajadores
  • Licencias y permisos
  • Vacaciones
  • Sanciones disciplinarias
  • Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
  • Ausencias
  • Preavisos

Esto aplica a obligaciones previstas en el marco del Decreto N° 1989/2024.

3. Reducción de multas existentes

El Decreto también establece beneficios para multas ya impuestas:

• 50% de reducción para multas firmes generadas entre el 1 de enero de 2020 y la entrada en vigencia del Decreto, siempre que:
  • Se cancelen o
  • Se inicie su pago durante la vigencia del régimen
• 70% de reducción para empleadores con 1 a 30 trabajadores al 31 de diciembre de 2025

4. Facilidades de pago

Se habilita el pago fraccionado de multas:

• Hasta 10 cuotas iguales
• Con una entrega inicial mínima del 20%

Además, empleadores con planes de pago vigentes podrán acceder a los beneficios de reducción si optan por cancelar el saldo total.

5. Limitaciones del régimen

• El régimen no aplica a otros incumplimientos laborales no expresamente contemplados en el Decreto, los cuales seguirán siendo sancionados conforme a la normativa vigente.
• La cancelación de multas con reducciones no exime del cumplimiento de las obligaciones laborales y registrales previstas en el Decreto N° 1989/2024.
• Finalizado el régimen, el MTESS deberá impulsar el cobro judicial de las deudas pendientes sin excepción.

6. Implicancias prácticas

Este régimen representa una oportunidad estratégica para regularizar obligaciones laborales pendientes, reducir contingencias y alinear la situación del empleador con los sistemas de control del MTESS, antes del inicio de una etapa de fiscalización y cobro más estricta.

Resulta especialmente relevante para:

• Empleadores con registros incompletos o desactualizados
• Empresas con multas acumuladas entre 2020 y la entrada en vigencia del Decreto
• Micro y pequeñas empresas que requieran alivio financiero para normalizar su situación

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La Resolución introduce procedimientos, controles y plazos concretos para la aplicación del régimen especial de contratación a plazo determinado y, en el caso de las microempresas, del régimen salarial especial del 80% del salario mínimo.

A continuación, destacamos los principales puntos de la Resolución.

1. Contratos de trabajo a plazo determinado para MIPYMES

Las Microempresas (MIE) y Pequeñas Empresas (PE) pueden celebrar contratos de trabajo a plazo determinado, con las siguientes reglas clave:

• Duración máxima:
  • Hasta 12 meses, prorrogables
  • Con un tope total de 36 meses, considerando prórrogas.
• Superado ese plazo, o ante incumplimientos formales, la relación se considerará por tiempo indefinido.

2. Requisitos formales del contrato

El contrato debe celebrarse por escrito y contener, como mínimo:

• Datos completos del empleador y del trabajador.
• Identificación de la categoría MIPYMES y Cédula MIPYMES vigente.
• Descripción del puesto, jornada y lugar de trabajo.
• Remuneración pactada (con indicación expresa cuando se aplique el régimen del 80%).
• Fecha de inicio y vencimiento del contrato.
• Firma de las partes.

El cumplimiento de estos requisitos es condición indispensable para acceder y mantener los beneficios del régimen especial.

3. Registro obligatorio ante el MTESS

• El contrato debe ser registrado en el MTESS dentro de los 5 días hábiles desde su firma, a través del Sistema de Registro Obrero Patronal (REOP).
• Las prórrogas o adendas deben presentarse con al menos 10 días corridos de anticipación al vencimiento del contrato vigente.
• La falta de registro impide la aplicación del régimen especial.

4. Verificación y control administrativo

El MTESS verificará los contratos y sus prórrogas en plazos breves:

• 2 días hábiles para la revisión inicial.
• 3 días hábiles para subsanar observaciones, en caso de existir.
• Si no se regulariza la situación, no se habilita el régimen especial contractual ni salarial.

5. Régimen salarial especial para Microempresas (80% del salario mínimo)

Exclusivo para Microempresas (MIE):

• Permite abonar una remuneración no inferior al 80% del salario mínimo legal, por un plazo máximo de 36 meses, computados desde la fecha de emisión de la Cédula MIPYMES.
• La vigencia del beneficio está condicionada a:
• Mantener la categoría de Microempresa.
• Tener el contrato debidamente registrado y validado por el MTESS.
• El beneficio no es aplicable a Pequeñas Empresas.

6. Limitaciones y controles sobre el régimen salarial

No se podrá aplicar el régimen del 80% cuando:

• El trabajador ya haya tenido vínculo previo con el mismo empleador.
• El trabajador haya percibido, en los últimos 12 meses, remuneraciones iguales o superiores al salario mínimo legal.
• El trabajador ya haya sido beneficiario del régimen especial durante el plazo máximo permitido, aun con otro empleador.

Los controles se realizan de forma automática, mediante la interoperabilidad entre el MTESS, IPS y MIC.

7. Coordinación con el IPS e interoperabilidad

• La aplicación del régimen salarial especial ante el IPS queda supeditada a la validación favorable del contrato por el MTESS.
• Si el contrato no se presenta, no se valida o se rechaza, el empleador será comunicado como “NO CUMPLE”, y deberá ajustarse al régimen general de cotización.
• El sistema incorpora alertas automáticas para el empleador.

8. Modelos oficiales de contrato

La Resolución aprueba modelos oficiales de:

• Contrato a plazo determinado (MIE y PE).
• Contrato con aplicación del régimen salarial del 80% (MIE).
• Adenda o prórroga contractual.

Su utilización facilita la verificación administrativa, aunque no excluye el control de fondo por parte del MTESS.

9. Régimen transitorio

Para empresas con Cédula MIPYMES emitida antes de la vigencia de la Resolución:

• El plazo máximo de 36 meses comenzará a computarse 15 días después de la publicación de la Resolución, como período de adecuación, a partir del cual comenzará a computarse el plazo máximo del régimen especial.

Implicancias prácticas

Esta reglamentación refuerza los controles formales, los plazos de registro y la trazabilidad de los contratos bajo el régimen MIPYMES.
Resulta clave que las empresas:

• Utilicen contratos correctamente instrumentados.
• Cumplan estrictamente con los plazos de registro y prórroga.
• Verifiquen su categoría MIPYMES vigente.

Todo ello con el fin de evitar la pérdida de beneficios y contingencias laborales o previsionales. En particular, el incumplimiento de los requisitos formales o de registro puede derivar en la aplicación del régimen laboral y previsional general.

Este contenido tiene únicamente fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Para asistencia específica sobre la aplicación de esta normativa, no dude en contactarnos.

La entrada Resolución MTESS N° 220/2026: Reglamentación operativa del régimen laboral y de seguridad social para MIPYMES. se publicó primero en Vouga Abogados.

Vouga brindó asesoramiento legal integral a una empresa líder en el sector de producción de hormigón en el marco de un proceso complejo de división societaria (spin-off). La operación implicó la reorganización de la estructura corporativa existente mediante la creación de tres nuevas sociedades independientes, cada una enfocada en una línea de negocio específica.

El objetivo principal de la transacción fue optimizar la eficiencia operativa, fortalecer la competitividad y permitir una gestión estratégica diferenciada para cada unidad de negocio. La intervención de Vouga abarcó desde el diseño jurídico de la operación hasta la elaboración de la documentación societaria esencial y el aseguramiento del cumplimiento normativo aplicable.

2. Contexto del Cliente

El cliente es una compañía líder en la producción de hormigón, con operaciones consolidadas y presencia relevante en su mercado. El crecimiento sostenido y la diversificación de sus actividades habían generado una estructura corporativa compleja, con múltiples líneas de negocio coexistiendo bajo una misma entidad jurídica.

Ante este escenario, la compañía identificó la necesidad de reorganizar su estructura societaria para mejorar la toma de decisiones, asignar recursos de manera más eficiente y acompañar su estrategia de crecimiento a mediano y largo plazo.

3. Desafíos del Proyecto

El proceso presentó diversos desafíos legales y operativos, entre ellos:

• Diseño de una estructura de escisión eficiente, que permitiera separar claramente activos, pasivos y operaciones sin afectar la continuidad del negocio.
• Coordinación de múltiples líneas de negocio, cada una con particularidades operativas y regulatorias.
• Elaboración de estatutos sociales adecuados para las tres nuevas entidades, reflejando su objeto, gobierno corporativo y necesidades específicas.
• Cumplimiento estricto del marco normativo aplicable, incluyendo normativa societaria, contractual y regulatoria.
• Minimización de riesgos legales y operativos durante la transición.

4. Alcance del Asesoramiento Legal

El rol de Vouga fue integral y estratégico, e incluyó, entre otros aspectos:

• Asesoramiento en la reorganización societaria, alineando la operación con los objetivos de negocio del cliente.
• Redacción y revisión de la documentación legal clave, incluyendo:
  • Estatutos sociales de las tres nuevas sociedades.
  • Documentos corporativos necesarios para la implementación de la escisión.
• Análisis y aseguramiento del cumplimiento normativo, velando por la adecuación de la operación a la legislación aplicable.
• Acompañamiento legal durante todo el proceso de implementación, coordinando con los equipos internos del cliente y sus contadores.}

5. Solución Implementada

Se diseñó e implementó un proceso de escisión en virtud del cual la sociedad original se reorganizó en tres entidades jurídicas independientes, cada una dedicada a una línea de negocio específica.

La nueva estructura permitió:

• Una mayor claridad organizacional y patrimonial.
• Gobiernos corporativos adaptados a la realidad y necesidades de cada negocio.
• Una gestión operativa más eficiente y especializada.

6. Resultados y Beneficios para el Cliente

Como resultado del proceso, el cliente puede lograr:

• Incrementar la eficiencia operativa, al contar con estructuras societarias más ágiles y enfocadas.
• Mejorar su competitividad, permitiendo que cada unidad de negocio se desarrolle con mayor autonomía estratégica.
• Reducir riesgos legales y operativos, gracias a una implementación ordenada y conforme a derecho.
• Sentar bases sólidas para el crecimiento futuro, facilitando potenciales inversiones, alianzas o nuevas reorganizaciones.

El enfoque práctico, estratégico y orientado a resultados permitió transformar una necesidad corporativa compleja en una solución jurídica eficiente y generadora de valor.

Este estudio de caso ha sido elaborado con fines ilustrativos y preservando la confidencialidad del cliente.

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