A fin de establecer un ordenamiento normativo con alcance acorde a la actualidad del sector, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Nº 8785/2018, refrendado por el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, que constituye la nueva reglamentación a la Ley de Hidrocarburos —Ley Nº 779/1995—. Este decreto engloba y deja sin efecto los anteriores decretos Nº 2003/2014, 2673/2014 y 4476/2015, con la finalidad de simplificar toda la reglamentación en un solo cuerpo legal y evitar la dispersión normativa. El mismo también aclara ciertos artículos y establece plazos y obligaciones.

De acuerdo con el artículo 2º del Anexo del Decreto 8785/2018, el reglamento es obligatorio para todas las personas físicas o jurídicas que soliciten derechos para la prospección, exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos en sus estados sólidos, líquidos y gaseosos, así como para los titulares de permisos y concesiones, y los funcionarios públicos intervinientes en procesos tendientes al otorgamiento de los mencionados derechos. En cuanto al alcance de la nueva reglamentación, el artículo 160 dispone que será aplicable a las solicitudes de permisos y concesiones que se presenten a partir de la vigencia del mismo, o que a la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial —17 de abril del 2018, Gaceta Oficial Nº 72— se encuentren en trámite y aún no hayan sido aprobadas por el Comité Evaluador.

De acuerdo con los representantes del MOPC, esta nueva reglamentación constituye un logro más para alcanzar una mejor organización y conseguir que el catastro hidrocarburífero del Paraguay sea ocupado por empresas serias y comprometidas, y responde a la necesidad de que PETROPAR, encargada de ejecutar los trabajos de prospección, exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos en representación del Estado paraguayo, cuente con herramientas legales y técnicas que le permitan ejecutar dichas actividades por sí misma o asociada a otras compañías especializadas. También se busca que el Gabinete del Viceministerio de Minas y Energía pueda contar con las herramientas necesarias para regular y fiscalizar dichas actividades.