El pasado 18 de julio de 2022, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 6919/2022 (“Ley 6919”) que deroga la Ley Nº 6355/2019 (“Ley 6355”). Esta última había extendido la obligación de presentación de declaraciones juradas de bienes y rentas (“Declaraciones Juradas”) de los funcionarios y empleados públicos, a los accionistas, directores, socios gerentes o similares (“Accionistas y Directores”) de empresas y entidades que sean contratistas o concesionarias del Estado, así como toda persona o jurídica que, de algún modo, contrate, preste un servicio o realice una obra para el Estado.

Con la entrada en vigor de Ley 6919 los Accionistas y Directores de las empresas que pretendan participar de procesos licitatorios para contratar con el Estado ya no estarán sujetos a la obligación de presentar las Declaraciones Juradas. Ello trae aparejado una reducción sustancial de los costos y de los trámites burocráticos a los que estas empresas estaban sometidas cuando aún estaba en vigor la Ley 6355.